El evento fue encabezado por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y el recién nombrado secretario Ejecutivo, Roberto Carlos Félix López, así como todos los consejeros electorales.

En su discurso, la consejera Guadalupe Taddei afirmó que el INE no organiza elecciones para sí mismo, ni para los partidos; “todo tiene un destinatario: la ciudadanía”, sostuvo.

Destacó que nadie tiene asegurado el resultado de estas elecciones, por lo que invitó a privilegiar las reglas electorales y el papel del instituto como organizador de las elecciones.

Aseveró que México puede tener la seguridad de que el INE cumplirá con su deber, y destacó que el inicio de un nuevo proceso electoral significa que México sigue contando con una ruta institucional para decidir su futuro.

Durante la ceremonia se informó que en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, acudió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un hecho sorpresivo, ya que desde 1996 ningún titular de esa dependencia se había presentado a una ceremonia de este tipo.

Al evento por el arranque oficial del proceso comicial federal, también acudieron el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz, y los magistrados Felipe de la Mata y Alfredo Fuentes. No acudieron los magistrados Reyes Rodríguez y Claudia Valle.

En la ceremonia estuvieron los presidentes de Morena, Ariadna Montiel, y del PRI, Alejandro Moreno, quienes estuvieron en la misma fila de asientos, aunque fueron colocados en los extremos para evitar que se encontraran de frente.

También acudió la dirigente del PVEM, Karen Castrejón, el dirigente del partido Paz, Hugo Erick Flores, y representantes de Movimiento Ciudadano, PT y Somos.

Posterior a esta ceremonia sesionara el Consejo General del INE donde habrá posiciones de los partidos políticos.

El cargo Arranca la carrera electoral: INE pone en marcha el proceso federal con Gobernación presente apareció primero en La Chispa de Veracruz.

“Por supuesto que no hay piso parejo, pero aun con el piso disparejo vamos a tener un buen resultado y vamos a representar a millones de personas que están buscando un cambio en el país”, sostuvo el coordinador panista Ricardo Anaya, quien consideró que la mayoría de los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral tienen vínculos con Morena.

“Pero con lo que ellos no cuentan es que, cuando la victoria de la oposición es contundente, aunque el árbitro quiera, no les van a poder ayudar; entonces sabemos que no hay piso parejo, sabemos que el árbitro está de su lado, pero también estamos convencidos de que millones de personas quieren un cambio”.

En el mismo sentido, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que “no hay piso parejo en la organización de las elecciones”, porque se utilizan las conferencias matutinas y las giras de la presidenta de la República como supuestos informes para hacer proselitismo electoral.

“Por supuesto que vuelve inequitativa la contienda”, indicó.

“Nuestro movimiento presentará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) las quejas, recursos correspondientes para tratar de que el INE saque las tarjetas amarillas y eventualmente las tarjetas rojas y esto no se convierta en una elección con la cancha hacia arriba y con la pelota y el árbitro en manos del gobierno”, sostuvo.

A su vez, el coordinador del PRI, Manuel Añorve, sostuvo que “simple y sencillamente no hay piso parejo, hay (campañas) anticipadas, por supuesto que hay dinero derrochándose de manera permanente. El INE no ve, no pone lineamientos, y lo más grave es que esto ya tiene meses, están emulando los corcholatazos del 2023-2024”.

El senador también cuestionó que el INE haya eliminado la posibilidad de que las boletas planchadas sean anuladas desde el momento en que son detectadas al momento de contabilizar los votos.

“Ahora todas las boletas que aparezcan a un lado de la urna van a tener que contabilizarlas; eso es un fraude cantado”, consideró.

El cargo Oposición advierte que no hay “piso parejo” a un día del inicio del proceso electoral 2027 apareció primero en La Chispa de Veracruz.

En un mensaje a través de sus redes sociales, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena señaló que “ayer se presentó el Paquete Económico, me parece un paquete responsable, un paquete que ya habíamos adelantado, que contemplaba una disposición o una serie de normas para combatir la elusión, la evasión y establecer la trazabilidad en el caso de combustibles”.

En este sentido, Monreal Ávila destacó que en este Paquete Económico “no hay nuevos impuestos, no hay aumento a los mismos y hay una posibilidad real de disminuir el déficit y aumentar el crecimiento del país”.

Expuso que, aunado a ello, “en unos días más tendremos el inicio de la discusión de tres leyes que nos envió la presidenta: la iniciativa que reforma y adiciona a diversas disposiciones de la Ley Aduanera; también otra que expide la Ley General para el Fortalecimiento Catastral, que seguramente habrá mucha discusión sobre ella, pero que es indispensable; y una iniciativa que expide la Ley de Economía Digital.

“Sin desapercibir la iniciativa que ayer se dictaminó sobre doble nacionalidad, se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales, y “hoy se dará publicidad. Pero, he hecho un acuerdo con los grupos parlamentarios en la Jucopo para poderla discutir en el Pleno hasta después del 21 de septiembre”, subrayó.

Ricardo Monreal concluyó que “esa es una serie de reformas, aparte de todo el Paquete que ya les había anunciado, lo que implica que habrá bastante trabajo en el Congreso de la Unión”.

El cargo La Cámara de Diputados se prepara para un periodo de sesiones muy intenso, productivo y en beneficio del país: diputado Ricardo Monreal apareció primero en La Chispa de Veracruz.

El documento que reforma los artículos 41 y 116, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, detalla que el registro será operado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y deberá publicar los compromisos de las personas candidatas a cargos de elección popular.

Asimismo, las y los candidatos que resulten electos tendrán que rendir informes anuales al INE, con relación al cumplimiento de sus compromisos de campaña, acompañarán los documentos y medios idóneos para demostrar el grado de cumplimiento de estos y, en su caso, las causales por las que alguno de los compromisos no haya podido concretarse.

Agrega que las personas postulantes tendrán que presentar ante la autoridad electoral un registro de los compromisos que asuman, en los términos de la fracción IV del artículo 41. Deberá dar seguimiento a los compromisos adquiridos por las y los candidatos electos, y dará cuenta a la ciudadanía, a la autoridad de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas competentes y a la potestad correspondiente del Congreso local, del informe final de compromiso de campaña de las y los servidores públicos.

En la exposición de motivos, la diputada Paulina Rubio apunta que actualmente en la legislación no existe un seguimiento a las propuestas, promesas o compromisos que las personas candidatas hacen durante su campaña.

Menciona que los compromisos de campaña son una carta de presentación de las y los candidatos con el electorado, y una de las razones por las que la ciudadanía debería definir sus preferencias electorales.

Añade que, de contar con información sobre las propuestas de las personas candidatas y un seguimiento a su cumplimiento, también se fortalece la educación cívica, rendición de cuentas, transparencia y el acceso a la información.

Señala que establecer desde la Constitución la creación de un registro público nacional de compromisos electorales, es para que posteriormente exista un mecanismo mediante el cual se les pueda dar seguimiento por parte de la ciudadanía.

El cargo Proponen que personas candidatas a elección popular registren sus compromisos en un padrón operado por el INE apareció primero en La Chispa de Veracruz.

Lo anterior, mediante políticas, acciones y programas orientados a garantizar de manera prioritaria y oportuna, la disponibilidad de agua, alimento y forraje para el ganado.

Mediante la adición de una fracción VI al artículo 5 de la ley, también plantea fortalecer la infraestructura para la captación, almacenamiento, conducción y aprovechamiento sustentable del agua destinada a las unidades de producción pecuaria, con especial atención a los pequeños y medianos productores.

En su exposición de motivos señala que la ganadería constituye una actividad estratégica para México por su contribución a la seguridad alimentaria, empleo y economía de las comunidades rurales, por lo que este sector obliga a considerar los factores que pueden comprometer su continuidad.

Afirma que las sequías, la escasez hídrica y otros fenómenos climatológicos afectan la disponibilidad de agua, pastizales y forraje, incrementan los costos de producción y pueden ocasionar la pérdida de animales y patrimonio para las familias dedicadas a la ganadería.

Además, el ganado requiere agua y alimentación de manera permanente, de ahí que la reducción de las fuentes de abastecimiento o de los recursos forrajeros no puede enfrentarse simplemente mediante la suspensión temporal de las actividades productivas. Cuando el productor carece de infraestructura suficiente o de capacidad económica para adquirir alimento y trasladar agua, la contingencia puede traducirse en pérdida de animales, disminución del hato y descapitalización.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable ya establece que las políticas públicas deben considerar las diferencias entre los distintos tipos de productores, así como las condiciones de disponibilidad y calidad de los recursos naturales y productivos. De igual manera, contempla la participación coordinada de la Federación, las entidades federativas y los municipios en las acciones de desarrollo rural.

Sin embargo, resulta conveniente fortalecer este marco mediante una disposición que reconozca expresamente la prevención y atención de las afectaciones que las sequías, la escasez hídrica y otros fenómenos climatológicos puedan generar en la actividad pecuaria

El diputado Varela Domínguez menciona que es necesario proteger la actividad productiva, fortalecer la capacidad de adaptación frente a fenómenos climáticos y promover el uso sustentable de los recursos naturales.

Proteger al pequeño y mediano productor ganadero significa preservar empleo, patrimonio familiar, producción de alimentos y actividad económica en las comunidades rurales significa también fortalecer la capacidad del país para mantener su producción pecuaria frente a escenarios de mayor incertidumbre climática, añade.

Señala que se busca avanzar hacia una política ganadera más preventiva, resiliente y sustentable, capaz de proteger tanto la actividad productiva como el patrimonio de las familias que dependen del campo mexicano. La iniciativa fue enviada a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.

El cargo Piden prevenir y atender afectaciones por sequías, escasez hídrica y otros fenómenos que pongan en riesgo la actividad pecuaria apareció primero en La Chispa de Veracruz.

El documento que reforma los artículos 41 y 116, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, detalla que el registro será operado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y deberá publicar los compromisos de las personas candidatas a cargos de elección popular.

Asimismo, las y los candidatos que resulten electos tendrán que rendir informes anuales al INE, con relación al cumplimiento de sus compromisos de campaña, acompañarán los documentos y medios idóneos para demostrar el grado de cumplimiento de estos y, en su caso, las causales por las que alguno de los compromisos no haya podido concretarse.

Agrega que las personas postulantes tendrán que presentar ante la autoridad electoral un registro de los compromisos que asuman, en los términos de la fracción IV del artículo 41. Deberá dar seguimiento a los compromisos adquiridos por las y los candidatos electos, y dará cuenta a la ciudadanía, a la autoridad de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas competentes y a la potestad correspondiente del Congreso local, del informe final de compromiso de campaña de las y los servidores públicos.

En la exposición de motivos, la diputada Paulina Rubio apunta que actualmente en la legislación no existe un seguimiento a las propuestas, promesas o compromisos que las personas candidatas hacen durante su campaña.

Menciona que los compromisos de campaña son una carta de presentación de las y los candidatos con el electorado, y una de las razones por las que la ciudadanía debería definir sus preferencias electorales.

Añade que, de contar con información sobre las propuestas de las personas candidatas y un seguimiento a su cumplimiento, también se fortalece la educación cívica, rendición de cuentas, transparencia y el acceso a la información.

Señala que establecer desde la Constitución la creación de un registro público nacional de compromisos electorales, es para que posteriormente exista un mecanismo mediante el cual se les pueda dar seguimiento por parte de la ciudadanía.

El cargo Proponen que personas candidatas a elección popular registren sus compromisos en un padrón operado por el INE apareció primero en La Chispa de Veracruz.

Se trata, explicó la legisladora del PAN, de dispositivos que interceptan la señal inalámbrica entre la llave electrónica y el automóvil, lo que provoca que el sistema interprete que esa llave está presente y permite abrir el coche e, incluso, encenderlo, un fenómeno conocido como “robo tecnológico” o “robo silencioso”, que puede ocurrir en cuestión de segundos.

“Estos dispositivos no son exclusivos del crimen organizado: en la actualidad pueden ofertarse con facilidad en mercados digitales, plataformas de compraventa y mediante entregas personales. Es decir, existe un mercado abierto, creciente y prácticamente sin control de herramientas aptas para vulnerar sistemas de seguridad vehicular”, señaló.

Ante ello, Campuzano González presentó una iniciativa que reforma el Código Penal Federal para tipificar la fabricación, modificación, comercialización, distribución, importación y posesión de dispositivos electrónicos destinados a vulnerar sistemas de seguridad vehicular, así como para establecer, como agravante, el uso de esos aparatos para robar automóviles.

Planteó imponer “de tres a ocho años de prisión, y de 500 a mil 500 días multa”, a quien incurra en las mencionadas conductas. También propuso aumentar las penas cuando estos delitos se presenten de manera reiterada.

La senadora por Acción Nacional subrayó que en México se registran más de cien mil casos anuales de robo de vehículos a nivel nacional, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, y la mayoría de ellos ocurre sin violencia, lo que significa que ese delito ha evolucionado hacia formas más sofisticadas, difíciles de detectar y de combatir.

Consideró que, frente a esta realidad, el marco jurídico mexicano resulta claramente insuficiente. Esta nueva modalidad delictiva, apuntó, no es un asunto menor, ya que cada día que transcurre sin una respuesta legislativa adecuada implica la expansión de un mercado ilegal y el perfeccionamiento de las técnicas delictivas.

“La inacción normativa, en este contexto, se traduce en una forma de permisividad frente a una conducta que ya ha rebasado los mecanismos tradicionales de control”, consideró.

En la iniciativa, turnada para análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, la Senadora también propuso modificar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de que las autoridades retiren del mercado y cesen la comercialización de dispositivos que generen interferencias perjudiciales, así como para impedir su fabricación e importación.

Además, planteó reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor para prohibir la comercialización, publicidad o intermediación de dispositivos, cuya finalidad sea facilitar la comisión de delitos o vulnerar sistemas de seguridad.

El cargo Gina Campuzano presenta iniciativa para prohibir dispositivos que facilitan el “robo silencioso” de automóviles apareció primero en La Chispa de Veracruz.

Se trata de un proyecto que reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que las autoridades federales, estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, estén obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que los menores sean afectados por cualquier tipo de violencia en entornos digitales.

La minuta fue turnada el pasado 2 de septiembre a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Derechos Digitales y Estudios Legislativos Segunda, quienes se encargarán de revisar, dictaminar y, en su caso, aprobar este proyecto de decreto.

En estas comisiones se analizará la propuesta que busca que la Secretaría de Gobernación expida los lineamientos para la clasificación, no sólo de programas de radio y televisión, sino también para las plataformas y aplicaciones digitales, videos, videojuegos e impresos que se distribuyan, comercialicen o arrienden por medios físicos o digitales.

El proyecto plantea que los videojuegos y aplicaciones que se comercialicen o distribuyan a través de tiendas digitales, juegos o aplicaciones informen la clasificación correspondiente y, en caso de ser apta para menores de edad, especificar si cuentan con controles parentales.

Además, establece que la protección de datos personales de niñas, niños y adolescentes deberá garantizarse en todos los entornos, incluidos los digitales.

Asimismo, propone que las autoridades competentes adopten las medidas necesarias para prevenir, atender y erradicar cualquier forma de violencia digital que vulneren sus derechos o atenten contra su seguridad y privacidad.

El cargo Senado revisará minuta que busca garantizar entornos digitales seguros y libres de violencia para menores apareció primero en La Chispa de Veracruz.

Asimismo, a los estudios, medicamentos, consultas y demás servicios médicos necesarios para su seguimiento y atención integral, sin que la privación de la libertad pueda constituir motivo para suspender, retrasar o interrumpir injustificadamente el tratamiento.

El documento refiere que en México las infecciones de transmisión sexual (ITS) muestran un incremento sostenido en los últimos años, particularmente tras la pandemia, con aumentos relevantes en sífilis, gonorrea y una prevalencia persistente de VIH, la cual registró más de 10 mil 700 nuevos casos en 2025, manteniéndose como un problema estructural de salud pública.

Esta tendencia, agrega, se concentra principalmente en jóvenes de 15 a 29 años y en poblaciones clave, como hombres que tienen sexo con hombres, además de verse agravada por un alto subdiagnóstico, ya que muchas ITS son asintomáticas, lo que implica que la carga real es mayor a la reportada.

Las personas privadas de la libertad, resalta, enfrentan riesgos significativamente mayores de padecer enfermedades transmisibles en comparación con la población general. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estas personas tienen aproximadamente 7.2 veces más probabilidades de vivir con VIH; a nivel mundial, alrededor de 4.6 por ciento de la población penitenciaria vive con este virus.

Esta situación, añade, puede agravarse en aquellos países con altas tasas de encarcelamiento de personas que se inyectan drogas, donde la prevalencia del VIH dentro de los centros penitenciarios puede llegar a ser entre 15 y 20 veces superior a la observada entre la población general.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, sostiene que las personas recluidas que viven con VIH enfrentan dificultades para acceder de manera oportuna y continua a sus tratamientos, así como situaciones de estigmas y discriminación.

Señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que el VIH y el Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) son un problema de salud pública que se ve agravado por el estigma y la discriminación asociados a esta condición de salud. El hecho de vivir con VIH o SIDA no debe ser motivo para que se limiten los derechos de las personas.

Por ello, es necesario reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de fortalecer el derecho de las personas privadas de la libertad a recibir asistencia médica, garantizar la continuidad de los tratamientos prescritos y el suministro oportuno de los medicamentos necesarios para el cuidado de su salud, para que ninguna persona vea interrumpido su tratamiento.

El cargo Piden que personas con VIH privadas de su libertad tengan derecho al acceso efectivo de su tratamiento antirretroviral apareció primero en La Chispa de Veracruz.

“Como diputada federal exijo justicia, y aprovecho para expresar mi apoyo total a las instituciones encargadas de la procuración de justicia y les exhorto a que actúen con independencia, rigor y sin presiones de ninguna índole, y espero que el cargo no sirva como escudo de impunidad; la ciudadanía está cansada del abuso de poder, de la simulación y de la complicidad”, señaló en conferencia de prensa.

Consideró grave que los señalamientos recaigan sobre un servidor público municipal, debido a las responsabilidades de su cargo relacionado con la legalidad y protección del patrimonio de la ciudadanía.

La legisladora también pidió esclarecer otros casos vinculados con presuntos actos de corrupción y robo de vehículos registrados anteriormente en Oaxaca, ante la falta de resultados en este tipo de investigaciones.

“Hoy levanto la voz nuevamente, para decirle a las instituciones que hoy, más que nunca, tienen la responsabilidad de devolverle la confianza a la ciudadanía. Es inaceptable que un servidor público esté señalado por estos delitos, mientras miles de familias exigen más seguridad en las calles”, expresó.

Llamó a las y los oaxaqueños a denunciar amenazas, extorsiones, cobro de piso o intentos de obligarlos a entregar recursos o incorporarse contra su voluntad a determinadas organizaciones.

La diputada sostuvo que la colaboración ciudadana es fundamental para que las autoridades cuenten con elementos que permitan investigar y detener a quienes cometen ilícitos.

El cargo Exige Margarita García investigar a síndico municipal de Oaxaca por presunta participación en robo y comercialización de vehículos apareció primero en La Chispa de Veracruz.