Veracruz.- El Instituto Nacional Electoral (INE) evalúa la cancelación del triunfo electoral de Héctor Ulises Orduña Hernández, quien resultó electo como juez de distrito en Veracruz durante la primera elección judicial realizada el pasado 1 de junio, pero actualmente se encuentra en prisión preventiva por presunto abuso sexual de menores.

Héctor Ulises Orduña detenido por presuntos delitos sexuales

Orduña Hernández, postulado por el Poder Ejecutivo Federal, obtuvo 44 mil 221 votos y fue electo como juzgador mixto en el distrito 2 de Veracruz.

No obstante, enfrenta un proceso penal por su presunta responsabilidad en delitos sexuales cometidos en agravio de su sobrina menor de edad, informó la Fiscalía General del Estado.

Según la dependencia estatal, los hechos habrían ocurrido el 27 de septiembre de 2021 al interior de una clínica en Poza Rica, donde el ahora juez electo presuntamente realizó tocamientos lascivos a la víctima.

Además, la fiscalía reveló que Orduña Hernández también estaría vinculado con investigaciones relacionadas con material de abuso sexual infantil en Estados Unidos.

INE espera información sobre su situación legal

Ante este contexto, el INE señaló que se mantiene a la espera de información oficial por parte de las autoridades judiciales que confirme su situación legal.

}De comprobarse una sentencia o impedimento legal, el órgano electoral anularía su triunfo, conforme a lo establecido en los lineamientos vigentes.

Ley impediría que ocupe el cargo de juez de distrito

Cabe recordar que en abril pasado, el Consejo General del INE aprobó que cualquier persona electa para el Poder Judicial podrá perder su cargo si se confirma que es prófuga de la justicia, violenta a otras personas o incumple con obligaciones alimentarias. Estas restricciones forman parte del mecanismo denominado “8 de 8 Contra la Violencia de Género”.

Este mecanismo impide acceder a cargos públicos a quienes hayan sido sancionados por violencia física, psicológica, sexual, familiar, política en razón de género, o por violaciones a la intimidad,.

Así como por estar prófugos o haber perdido derechos políticos por sentencia firme, de acuerdo con el artículo 38 constitucional.

El cargo INE analiza anular triunfo judicial de Héctor Ulises Orduña apareció primero en La Chispa de Veracruz.

La legisladora de Acción Nacional precisó que según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nuestro país ocupó, en 2019, el primer lugar en abuso sexual infantil.

Señaló que, de cada mil casos de abuso sexual contra menores en el país, solo 100 se denuncian y de estos, únicamente el 10 por ciento llega ante un juez, y de los cuales, sólo el uno por ciento recibe una sentencia condenatoria, de acuerdo con cifras de la OCDE.

Por ello, a través de una iniciativa, la senadora propuso reformar la Ley de Asistencia Social, a fin de que todas las niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido cualquier tipo de violencia sexual, tengan derecho a la asistencia social.

De esta forma, se busca que la reforma sirva como una herramienta que contribuya a inhibir, perseguir, sancionar y resarcir las violaciones ocurridas contra este sector de la población, precisó la legisladora.

Dijo que es responsabilidad de padres de familia e instituciones del Estado garantizarles un ambiente saludable, seguro, sano, en armonía y libre de todo acto que atente contra su desarrollo físico y emocional, contra su desarrollo integral.

Vázquez Mota, subrayó que muchos de los casos de violencia sexual infantil, se realizan por terceros, y de los cuales muchos de los menores y adolescentes no cuentan con tratamientos íntegros para la reparación del daño.

Josefina Vázquez afirmó que es claro que las consecuencias de la violencia sexual pueden ser devastadoras tanto a corto como a largo plazo, especialmente cuando el abusador es una figura de confianza.

Mencionó que datos de la Unidad de Inteligencia Financiera, indican que, durante 2021, en el marco de la pandemia, aumentó 117 por ciento, la producción y consumo de pornografía infantil en México, por lo que este este mercado se duplicó, además de que se calcula que 21 mil niños son secuestrados anualmente en el país para explotación sexual infantil.

En el proyecto, que se turnó a las comisiones unidas de Desarrollo y Bienestar Social y de Estudios Legislativos, la senadora destacó que la asistencia social sirve para que toda la población goce de los mismos derechos y oportunidades, salvaguardando y procurando resarcir los derechos vulnerados, como ocurre con los miles de menores y adolescentes que sufren violencia sexual.

El cargo Necesario garantizar seguridad social a niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido abuso sexual apareció primero en La Chispa de Veracruz.