La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene bajo observación un monto superior a los mil millones de pesos correspondientes al último año de gestión de Alfredo Del Mazo en el Estado de México. Según el Sistema Público de Consulta de Auditorías, estos recursos federales transferidos en 2023 presentan anomalías que la administración estatal no ha logrado solventar hasta la fecha.

De acuerdo con una investigación de Reporte Índigo, el órgano fiscalizador determinó que mil 64 millones de pesos permanecen en la categoría de montos por recuperar o aclarar. La cifra forma parte de un universo original de observaciones que superó los 2 mil 586 millones de pesos durante el cierre del pasado gobierno mexiquense.

El pliego de observaciones vigente se divide en tres partidas críticas. La más cuantiosa alcanza los 921.7 millones de pesos, seguida de dos registros adicionales por 95.9 y 46.8 millones de pesos respectivamente. Estos montos carecen de documentación comprobatoria que avale la recepción de bienes o la prestación de servicios contratados con participaciones federales.

La fiscalización detectó que el gobierno de Del Mazo transfirió recursos a diversos entes, como el Poder Judicial local y múltiples ayuntamientos, sin dejar evidencia del destino final del gasto. La ASF identificó incongruencias severas entre la información financiera de las autoridades y los registros físicos existentes en los archivos estatales.

Un foco rojo específico aparece en la gestión de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM). La auditoría señala un faltante de 623 millones de pesos en esta dependencia, la cual firmó 81 contratos por más de 752 millones de pesos bajo la justificación de mitigar la crisis hídrica en la entidad.

A pesar de la millonaria inversión en infraestructura y perforación de pozos, el impacto social resultó nulo. Municipios como Ecatepec, Naucalpan, Chimalhuacán y Toluca mantienen niveles de desabasto críticos y una contaminación creciente en los mantos acuíferos por sustancias tóxicas como mercurio y cianuro.

En el último ejercicio de la dinastía priista en el Estado de México, la administración estatal también erogó recursos en consultorías externas. Destaca el pago de 185 millones de pesos al Despacho Ramírez y Asociados para realizar una auditoría de sus propios estados financieros, gasto que no evitó las observaciones federales actuales.

Otros contratos relevantes bajo la lupa incluyen la compra de medicamentos por 165 millones de pesos a la empresa Medical Pharmaceutica y obras viales por 100 millones de pesos. Estas contrataciones se realizaron en un contexto de bajo perfil mediático por parte del entonces gobernador Del Mazo Maza.

Hasta abril de 2026, el destino de esta bolsa de recursos públicos federales permanece incierto. El Sistema de la Auditoría indica que solo se recuperaron poco más de cuatro mil pesos durante el proceso de revisión, lo que deja el boquete financiero prácticamente intacto.

Mientras el exmandatario mantiene una presencia mínima en la escena pública, los expedientes de la cuenta pública 2023 siguen abiertos. La ASF espera la aclaración de estos recursos que, por ley, deben ser restituidos a la hacienda federal si no se presenta la evidencia documental correspondiente.

El cargo ASF detecta irregularidades por más de mil millones de pesos en último año de Alfredo Del Mazo apareció primero en La Chispa de Veracruz.

Por Antonio Carrera.

José Luis Moyá Moyá, el autollamado zar de las solicitudes de información, está siendo acusado de buscar un trato privilegiado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la Ciudad de México, según fuentes del propio centro penitenciario.

A casi un año de su detención por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Moyá habría manifestado su temor por su vida, alegando amenazas y agresiones físicas.

Las fuentes consultadas señalan que estas quejas, que incluyen la supuesta falta de atención médica, son una estrategia para presionar a las autoridades y obtener un trato preferencial. Moyá Moyá se encuentra encarcelado desde octubre de 2024, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó una orden de aprehensión en su contra.

La detención de Moyá se produjo tras una investigación de la FGJCDMX por presuntas acusaciones de extorsión. Un video que circula en YouTube, supuestamente, detalla irregularidades financieras de Moyá y su familia.

El material señala que su madre, Rosa María Moyá, de 87 años, habría realizado transferencias millonarias sin una actividad empresarial conocida.

A pesar de su imagen pública como promotor de la transparencia, Moyá ha sido acusado por diversas fuentes de utilizar la información obtenida a través de solicitudes de acceso para beneficio personal o para extorsionar a empresarios y funcionarios.

En 2006, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, lo denunció por extorsión y difamación.

Moyá incluso admitió públicamente en 2014 que empresarios lo contrataban para presentar denuncias y solicitudes de información para influir en licitaciones públicas.

“Hay empresarios que me contratan cuando detectan que una licitación está dirigida a determinada empresa. Yo hago la solicitud de información y la denuncia. Si un empresario lo hace directamente, automáticamente lo vetan”, declaró entonces ante senadores.

Un juez lo vinculó a proceso y ratificó la prisión preventiva, mientras se determina su situación legal.

También se ordenó la inmovilización de sus cuentas bancarias para impedir movimientos de fondos presuntamente ilícitos.

El cargo José Luis Moyá es señalado de buscar beneficios en prisión apareció primero en La Chispa de Veracruz.

Por: Antonio Carrera

La senadora panista Ivideliza Reyes Hernández presentó en el Senado una iniciativa para frenar lo que denominó “nepotismo sentimental”, tras el caso de la presidenta municipal de Tepic, Geraldine Ponce, quien presuntamente gobierna acompañada de su pareja y jefe de gabinete, Alejandro Galván.

La legisladora advirtió que en el Ayuntamiento de Tepic se vive un ejemplo claro de cómo las relaciones sentimentales se trasladan al ejercicio del poder, situación que calificó como un acto de corrupción que erosiona la confianza ciudadana y pone en entredicho la imparcialidad de las decisiones públicas.

La propuesta, presentada este 9 de septiembre en el Senado, plantea modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal de Austeridad Republicana y el Código Penal Federal, con el objetivo de que ningún cargo público sea “patrimonio familiar ni botín sentimental”.

El planteamiento surge tras el caso del Ayuntamiento de Tepic, donde la alcaldesa Geraldine Ponce y su pareja, el jefe de gabinete Alejandro Galván, han sido señalados de ejercer poder conjunto en la administración municipal, situación que detonó el debate sobre este tipo de prácticas.

Ivideliza Reyes proyectó un video en el que el jefe de gabinete del Ayuntamiento de Tepic, Alejandro Galván, recibe una llamada de la alcaldesa Geraldine Ponce en horario laboral. “El grado de control que tiene el gerente de la ciudad sobre la presidenta ha llegado a que los directores le rinden cuentas a él. Este video exhibe cómo una pareja ejerce simultáneamente el poder en Tepic.

Reyes Hernández subrayó que el nepotismo, en cualquiera de sus formas, es corrupción y vulnera la igualdad de oportunidades en la vida pública. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y eventual discusión.

“Sí, relación de pareja, porque sabemos que el poder también se hereda a través de vínculos afectivos que, aunque no estén reconocidos jurídicamente, generan subordinación política y ventajas indebidas.

De acuerdo con la legisladora, la reforma establece que una persona no podrá contender ni ocupar un puesto de elección si en los tres años previos mantuvo matrimonio, concubinato o relación de pareja con alguien que ya desempeñe ese mismo cargo.

“Ningún cargo público debe ser patrimonio familiar ni botín sentimental. Con esta reforma buscamos que la representación política sea auténtica y que la competencia electoral se dé en condiciones de igualdad”, concluyó.

El cargo Caso Geraldine Ponce detona iniciativa contra el “nepotismo sentimental” apareció primero en La Chispa de Veracruz.

Por Antonio Carrera

El exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se encuentra en la mira luego de que una investigación de Reporte Índigo revelara que, durante 2023, adquirió dos terrenos y un vehículo. Sin embargo, para estas operaciones desembolsó un millón 133 mil 568 pesos, que pagó de contado y sin recurrir a ningún esquema de crédito.

Esta información aparece dentro del documento patrimonial que presentó al asumir su cargo federal como titular del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenegas), en febrero de 2025, donde incluyó los dos predios y el automóvil dentro de sus bienes. El primero fue adquirido el 5 de febrero de 2023, cuando García Jiménez pagó 520 mil pesos por una camioneta Ford Ranger XLS, modelo 2022.

Posteriormente, el 28 de marzo de ese año, compró un terreno de 155 metros cuadrados con valor de 413 mil 568 pesos, registrado a nombre del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Finalmente, el 26 de octubre invirtió 200 mil pesos en un segundo terreno de 650 metros cuadrados, en una operación donde aparece como “transmisor persona física”.

En el mismo documento que cita el medio, el exgobernador de Veracruz declaró ingresos netos por 1 millón 5 mil pesos durante 2023, correspondientes a su salario como mandatario estatal. También reportó no contar con inversiones, cuentas bancarias, créditos, participaciones empresariales ni otras fuentes de recursos adicionales.

Ese mismo año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió observaciones a la administración veracruzana por presuntas irregularidades en el manejo de recursos federales. El monto total señalado alcanzó 3 mil 598 millones 505 mil 200 pesos, de los cuales 1 mil 724 millones 37 mil 800 pesos correspondieron directamente al Gobierno estatal encabezado entonces por García Jiménez.

La ASF también atribuyó anomalías por 620 millones 703 mil 200 pesos a municipios de la entidad y mil 253 millones 764 mil 200 pesos a otros entes gubernamentales de Veracruz, de acuerdo con la “Matriz de Datos Básicos” de la Cuenta Pública 2023.

EXIGEN SU SALIDA DE CENAGAS

En mayo de 2025, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron al Gobierno federal la separación de García Jiménez de su cargo en Cenagas. Mediante un punto de acuerdo presentado el 14 de mayo, los grupos parlamentarios blanquiazules pidieron que el exgobernador enfrente los señalamientos de presunto desvío de recursos sin respaldo oficial.

“El Partido Acción Nacional, a través de sus Grupos Parlamentarios en el Senado y en Diputados, presentaron un punto de acuerdo para llamar de manera enérgica y puntual al Gobierno de la República, para que separe de sus funciones al titular del Cenegas, Cuitláhuac García, y sin la cobija del gobierno federal, haga frente a las acusaciones por desvío de más de 1 millón 600 millones de pesos”, señaló el comunicado.

En la misma postura, el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya Cortés, pidió “romper el pacto de impunidad” y que los responsables enfrenten la justicia.

El cargo Patrimonio de Cuitláhuac García creció con compras en efectivo que rebasaron sus ingresos apareció primero en La Chispa de Veracruz.

POR: ANTONIO CARRERA

En lo que va del año, Lumo Financiera del Centro, propiedad de Luis Humberto Montaño García, empresario ligado a Adán Augusto López, ha asegurado contratos públicos por alrededor de 270 millones de pesos, teniendo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como su principal cliente.

De acuerdo con datos de Compras MX, la firma también ha hecho negocios en 2025 con Liconsa, Alimentación para el Bienestar y la Comisión Nacional del Agua, entre otras dependencias.

Montaño García, fundador de la empresa, mantiene vínculos con el coordinador de Morena en el Senado Adán Augusto López, señalado hoy tras revelarse la presunta cercanía de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, con el grupo delictivo La Barredora. El desgaste político del legislador se evidenció recientemente, cuando ciudadanos lo increparon en el Centro Histórico con gritos de “Ratero” y “Saludos a La Barredora”.

La sombra del caso pesa sobre el senador, cuya imagen pública se deteriora rápidamente. El episodio en el que ciudadanos lo increparon en pleno paseo por el Centro Histórico, con gritos de “Ratero” y “Saludos a La Barredora”, exhibió con crudeza el desgaste de su reputación.

Adán Augusto, también ex secretario de gobernación, nombró al empresario Coordinador Ejecutivo de Investigación en el Instituto Belisario Domínguez, órgano del Senado. Por el cargo, que asumió desde el año pasado, Montaño cobra mensualmente 172 mil pesos mensuales, según consta en documentos de transparencia.

Su nueva posición, sin embargo, no ha impedido que Lumo deje de recibir asignaciones o de participar en contrataciones públicas.

Lo anterior pese a que la fiema ha sido señalada de operar al menos durante una década con Unifin, institución financiera que atravesó un concurso mercantil en 2023 y que aún arrastra cuestionamientos por presuntos fraudes y manipulación de estados financieros.

Además, el historial de Lumo ha sido objeto de revisiones oficiales. En 2021, la Fiscalía del Estado de México abrió una investigación sobre presuntas simulaciones de competencia en contrataciones públicas.

El cargo Empresario ligado a Adán Augusto gana contratos millonarios con el gobierno apareció primero en La Chispa de Veracruz.

ANTONIO CARRERA

Presuntos actos de corrupción relacionados con la obtención de terrenos de alto valor en Bahía de Banderas motivaron una denuncia de hechos contra José Gabriel Camarena Morales, actual Coordinador General Jurídico del Gobierno de Nayarit, que la Fiscalía General de la República (FGR) recibió el pasado 1 de agosto.

Entre septiembre de 2021 y diciembre de 2022 se realizaron depósitos, 17 transferencias por más de 30 millones de pesos, a José Gabriel Camarena Morales, de acuerdo con la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El escrito sostiene que el dinero provino de una empresa privada a cambio de favores para concretar la construcción de un hotel en Nayarit y que se canalizó a través del despacho Camarena & Compeán S.C., del cual el funcionario es socio.

Bajo el concepto de “revisión y asesoría legal en condición precedente en ejido”, el 13 de septiembre de 2021 se asentaron dos transferencias superiores a 5 millones de pesos cada una, con las que iniciaron los pagos, conforme a la relación de operaciones contenida en la denuncia.

Dos movimientos, cada uno cercano a 1.9 millones de pesos, quedaron asentados en noviembre del mismo año. Luego, durante enero y febrero de 2022, se añadieron cuatro pagos de montos similares, y más tarde, en octubre y noviembre de ese año, se registraron transferencias con importes entre 1.8 y 2.5 millones de pesos. El cierre de la serie aparece el 2 de diciembre de 2022 con un depósito de 2.4 millones.

Asociado con la cadena hotelera Marriott, el proyecto turístico “Nuevo Ícono de América” tiene como desarrolladora a Artha Capital, S. de R.L. de C.V., de Germán Ahumada Alduncin y Carlos Gutiérrez Andreassen; de acuerdo con la acusación, los predios que antes formaban parte del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) habrían sido reasignados en beneficio de esa empresa, tras vincularse su obtención con este esquema de pagos.

“Megaoperativo FIBBA Nuevo Nayarit” es la operación descrita en el documento, dentro de la cual se habrían ejecutado cateos, órdenes de aprehensión y procedimientos de expropiación que se califican de ilegales, con el propósito de que inmuebles vendidos o en litigio regresaran al dominio estatal y luego fueran puestos a disposición del consorcio privado.

Funcionarios de la Fiscalía de Nayarit y del Poder Judicial local, así como la entonces directora del FIBBA, Ludmila Heredia Verdugo, son señalados por su intervención en estos procesos.

Según la acusación, esta reorientación del gasto dejó fuera de la planeación a otras regiones del estado, que quedaron sin infraestructura básica como hospitales y escuelas; además, la denuncia apunta que el esquema incluyó la promesa y asignación de obras públicas, particularmente en carreteras y caminos rurales, para dar soporte a la zona turística del proyecto, con recursos federales.

Más de 80 inmuebles presuntamente desviados en sexenios anteriores integran lo que el discurso oficial denomina “recuperación histórica”, encabezada desde su cargo por José Gabriel Camarena Morales. Considerado uno de los hombres de mayor confianza del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, ha figurado además como representante del gobierno estatal en la Ciudad de México e incluso como aspirante a ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El propio Camarena ha calificado estas acusaciones como campañas de difamación orquestadas por intereses que, según él, se oponen a la recuperación del patrimonio de Nayarit; no obstante, reportes periodísticos han documentado señalamientos contra el funcionario por presunto fraude fiscal y abuso de autoridad, así como testimonios que lo vinculan con presiones ejercidas en el marco del “Megaoperativo Nuevo Nayarit”.

El cargo FGR recibe denuncia contra coordinador jurídico de Nayarit por presuntos favores inmobiliarios en Bahía de Banderas apareció primero en La Chispa de Veracruz.

ANTONIO CARRERA

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) adjudicó a Supervisión Técnica del Norte, S.A. de C.V. un contrato de arrendamiento vehicular por dos años, pese a que su propuesta económica fue la más alta de la licitación.

El fallo, publicado el 15 de agosto, otorgó a la firma la partida más grande —250 camionetas pick-up doble cabina— por 150 millones 299 mil 25 pesos, 56 millones más que la oferta más baja.

La decisión ha levantado cuestionamientos sobre la eficiencia en el uso de recursos públicos. De las cinco empresas participantes, Integra Arrenda presentó la mejor propuesta económica, por 94 millones 177 mil 500 pesos, y cumplió con los requisitos solicitados, pero fue descalificada.

El contrato incluyó también 30 vehículos sedán y un sistema de monitoreo en tiempo real, dentro de un rango presupuestal de entre 95.9 y 239.7 millones de pesos.

Al entregar la licitación a la oferta más alta, el instituto, a cargo de Elizabeth Mar Juárez, está contraviniendo las disposiciones sobre el aprovechamiento de los recursos del Estado, fundamentales para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable.

El fallo se produjo tras una serie de aplazamientos. Originalmente estaba previsto para el 29 de julio, pero se reprogramó en dos ocasiones: primero para el 1 de agosto y luego para el 8 del mismo mes. Finalmente se publicó este 15 de agosto.

Ante ello, los participantes preparan una serie de recursos de inconformidad ante el Órgano Interno de Control, con el fin de solicitar su revisión y buscar la anulación o modificación del fallo.

El cargo IMP otorga contrato a la oferta más alta y abre cuestionamientos sobre uso de recursos públicos apareció primero en La Chispa de Veracruz.

Luis Antonio García Calderón, responsable del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), fue denunciado por su presunta injerencia directa en el fallo de una licitación pública para contratar servicios de limpieza, higiene y desinfección en instalaciones médicas y administrativas del instituto.

La Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC) presentó la denuncia ante el director de Denuncias y Atención Ciudadana “A” del ISSSTE, Martín Rubio Millán. En el documento, la organización solicita una investigación sobre la actuación del titular del OIC y de dos funcionarias del Área de Responsabilidades, acusadas de intervenir de forma irregular en la resolución del recurso de inconformidad 006/2025.

De acuerdo con el expediente, el 21 de julio, el OIC resolvió un “incidente por defecto” y ordenó considerar económicamente solvente a la empresa Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales Pese a que el fallo debía limitarse a corregir omisiones en la evaluación económica, el OIC instruyó beneficiar a dicha empresa y prohibió cualquier revisión adicional en los aspectos legales o técnicos. La resolución incluyó una advertencia de sanción a los funcionarios que desacataran la orden.

La propuesta de Armot había sido previamente desechada con base en el numeral 10.15, inciso L, de las bases de la licitación, que establece el rechazo de ofertas con “información que cause confusión, incertidumbre o contradicciones respecto al cumplimiento del servicio”.

La intervención del OIC no solo invadió las facultades de la entidad contratante el ISSSTE, encabezado por Martí Batres, sino que afectó los derechos de las empresas competidoras. Entre ellas, Ocram Seyer, S.A. de C.V., en conjunto con Wilk S. de R.L. de C.V., que había recibido la adjudicación original el 12 de febrero al presentar una propuesta que cumplía con los criterios técnicos y económicos establecidos en la convocatoria.

La denuncia detalla que la empresa favorecida alcanzó una calificación técnica de 59 puntos sobre 60, pese a presentar documentación presuntamente incompleta. Entre las irregularidades observadas, se incluyen la falta de estados financieros completos correspondientes al ejercicio fiscal 2023 y el uso de facturas canceladas como respaldo de su capacidad técnica y de equipamiento.

El OIC determinó no revisar ni modificar estos elementos al resolver el recurso de inconformidad, lo cual, según ACUEC, impidió a la entidad convocante ejercer una evaluación integral del proceso.

El documento también señala a Janet Citlali Ramírez Estela y Guadalupe Montserrat Ángeles Gómez, integrantes del Área de Responsabilidades del OIC, por omitir su deber de actuar ante las inconsistencias detectadas. La organización exige una revisión de su situación patrimonial.

La denuncia señala que, al involucrarse en decisiones que no le correspondían, Luis Antonio García Calderón dejó su papel como autoridad supervisora para favorecer directamente a una empresa, lo que pone en duda la imparcialidad del proceso.

Cabe señalar, que Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, SA de CV, es prácticamente una empresa de recién creación, 21 de junio de 2022, constituida en Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo las presuntas socias o accionistas: Jessika Ivonne Velázquez Flores y María Susana López Hernández; y el administrador único de la empresa es Fernando Porfirio Lorenzo Vázquez, un exfuncionario de FONATUR y del DIF de la Ciudad de México, relacionado con la adjudicación de contratos de limpieza en las dependencias por donde ha pasado, y hoy a través de presuntamente usar prestanombre decidió hacer su propia empresa para llevarse una rebanada grande del pastel presupuestario.

El cargo Señalan a funcionario del ISSSTE por posible intervención irregular en licitación de limpieza apareció primero en La Chispa de Veracruz.

ANTONIO CARRERA

El conglomerado farmacéutico, Landsteiner Scientific, mantiene contratos con el gobierno federal, pese a que acumula más de 400 procedimiento legales, además de que fue declarada en concurso mercantil, reveló una investigación de Proceso.

En los últimos 15 años, Landsteiner Scientific y su empresa relacionada, Landsteiner Pharma, se hicieron de 432 contratos públicos que suman más de 10 mil 400 millones de pesos. Tan solo en lo que va de 2025, las adjudicaciones ya rebasan los 3 mil 500 millones de pesos, según datos de la plataforma Compras MX.

Una de las contrataciones más recientes se realizó en marzo pasado con Petróleos Mexicanos (Pemex), que firmó un acuerdo por 58 millones de pesos para la compra de medicamentos, material de curación y auxiliares de diagnóstico, con vigencia hasta diciembre de 2026.

La empresa pertenece a Miguel Antonio Granados Cervera, quien aparece como accionista en al menos 16 compañías, incluyendo Landsteiner Cannabis Health, Grupo Diabeclinics y Grupo Cannwell. Granados Cervera no cuenta con cédula profesional, pero figura como solicitante de al menos cinco patentes relacionadas con compuestos farmacéuticos y cosméticos.

En 2022, Landsteiner Scientific fue demandada por Grupo Zamberk y posteriormente declarada en concurso mercantil. En ese momento, enfrentaba deudas por más de 2 mil 800 millones de pesos con instituciones como Banorte, BBVA, Bancomext e Invex. Un año después, un juez federal aprobó un convenio que le permitió a la empresa continuar operando y conservar sus contratos públicos. El acuerdo planteó el pago del total de la deuda en 19 años con una tasa de interés del 1% anual, o una quita del 80% con pagos diferidos. La mayoría de los acreedores aceptó la primera opción.

Durante la pandemia por covid-19, Landsteiner anunció la compra de 32 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, supuestamente en alianza con el Fondo Ruso de Inversión Directa. Sin embargo, el medio reveló que no existen registros oficiales que confirmen dicho acuerdo.

En el mismo periodo, la empresa vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) más de 2.5 millones de pruebas rápidas de covid-19 que resultaron defectuosas. Por ese lote, el IMSS pagó 230 millones de pesos mediante adjudicación directa. Las pruebas generaron falsos positivos, pero no derivaron en sanción alguna, de acuerdo con la misma investigación.

Las compañías vinculadas a Granados Cervera acumulan más de 400 litigios en la Ciudad de México, entre ellos amparos, revisiones fiscales y procedimientos administrativos. Uno de los más recientes involucra a la paraestatal Birmex. En abril de 2025, Landsteiner promovió un amparo tras lo que describe como “silencio administrativo” de esa entidad, poco después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara el cese de cinco funcionarios por presuntas irregularidades en adquisiciones.

“Todos los que estuvieron involucrados, ya sea directa o indirectamente con este proceso, que no fue claro y que hubo colusión con algunas empresas privadas de las farmacéuticas, fueron separados de su cargo”, dijo Sheinbaum el 10 de abril desde Palacio Nacional.

A pesar de ello, Landsteiner continuó recibiendo contratos del gobierno federal. Incluso instituciones como Pemex mantienen relaciones comerciales con la firma, aún después de su situación financiera y legal.

El cargo Con deuda millonaria y más de 400 juicios, Landsteiner Scientific conserva contratos públicos apareció primero en La Chispa de Veracruz.

La carpeta TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02 fue integrada a partir de una denuncia presentada por habitantes de las colonias Fimesa 1, 2 y 3. Los vecinos acusan que durante la gestión de García Martínez al frente del municipio, el gobierno local transfirió 38.5 millones de pesos a la asociación civil Unión de Colonos, Inquilinos Solicitantes de Vivienda y Comerciantes, Lomas del Parque A.C., para la compra de 27 hectáreas en San Francisco Chilpan. La transacción no cuenta con escrituras públicas que acrediten la propiedad legal del terreno, según los denunciantes.

Además de esa operación, los colonos señalan un depósito adicional de 5 millones de pesos al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonapho) en 2023, sin que hasta ahora se haya formalizado la escrituración de los predios.

Los señalamientos se extienden a la administración de Castro Fernández, quien asumió el cargo en enero de 2025. Reportes periodísticos indican que en los primeros siete meses de su mandato se asignaron contratos por más de 72.7 millones de pesos mediante procedimientos con un solo competidor o adjudicación directa. Las observaciones fueron presentadas también ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la Contraloría estatal.

Vecinos del municipio han expresado su rechazo a la propuesta del gobierno local de cambiar el nombre de su colonia a “Cuarta Transformación”. Consideran que esta medida podría afectar su identidad jurídica y los procesos legales para garantizar la tenencia de la tierra.

Además de los procedimientos administrativos, las denuncias incluyen un elemento político. La actual diputada local, Elena García Martínez, promovió la candidatura de su cuñada Ana María Castro a la presidencia municipal. De acuerdo con los inconformes, al menos tres familiares cercanos a la alcaldesa trabajan en el Ayuntamiento.

Diversos sectores han expresado preocupación por el contexto en que se encuentra Tultitlán. Representantes empresariales advierten sobre la existencia de trámites engorrosos, señalando que esto ha desalentado inversiones tanto nacionales como extranjeras. Datos oficiales indican que el 42% de la población en el municipio vive en condiciones de pobreza.

En materia de seguridad, Tultitlán forma parte de las demarcaciones con mayor percepción de inseguridad. De acuerdo con el INEGI, 87.3% de los habitantes del Estado de México consideran que vivir en la entidad es inseguro.

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, colonos de Fimesa 2 y 3 han convocado a una movilización el próximo 8 de agosto. Exigen la liberación de la caseta de cobro en Tepotzotlán y del Circuito Exterior Mexiquense, el reconocimiento formal de los derechos de posesión de sus viviendas, y la intervención del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) para formalizar la propiedad de los terrenos que ocupan desde hace más de tres décadas.

Asimismo, demandan la judicialización de 93 carpetas de investigación presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las cuales involucran a la exalcaldesa García Martínez y a miembros del actual gobierno local.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que se han solicitado auditorías y peritajes técnicos para revisar el uso de recursos municipales entre los años 2023 y 2025.

El cargo Indagan a alcaldesa de Tultitlán y a antecesora por presuntas anomalías en manejo de recursos apareció primero en La Chispa de Veracruz.