La violencia política vuelve a estremecer a Veracruz. La noche del 6 de octubre de 2025, la abogada y ex candidata del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Yanga, Veracruz, Jessica Flor Luna Aguilera, fue asesinada mientras acudía a recoger a su hija en la comunidad de Potrero Nuevo, perteneciente al municipio de Atoyac.

De acuerdo con reportes preliminares, sujetos armados la interceptaron y le dispararon dentro de su vehículo. El crimen ocurrió en una zona donde en los últimos meses se han registrado múltiples hechos violentos relacionados con el crimen organizado.

Matan a ex candidata Veracruz: autoridades inician investigación

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) confirmó la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. En el lugar fueron desplegados elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área y comenzaron las diligencias correspondientes.

El Partido del Trabajo lamentó profundamente el asesinato de su ex candidata y exigió justicia inmediata. A través de un comunicado, el instituto político expresó su solidaridad con la familia de Jessica Luna y pidió a las autoridades “no permitir que este crimen quede impune”.

Por su parte, representantes del Congreso local y del ámbito federal condenaron los hechos. La diputada Ana Karina Rojo subrayó que la violencia contra las mujeres en política se ha vuelto una constante alarmante en México, especialmente en estados con antecedentes de ataques a aspirantes y funcionarias públicas.

Violencia política de género en aumento

El asesinato de Jessica Luna Aguilera no es un hecho aislado. En los últimos años, Veracruz se ha posicionado entre los estados con más casos de violencia política de género, según reportes de observatorios ciudadanos y organismos de derechos humanos.

Durante los procesos electorales de 2021 y 2024, se documentaron agresiones, amenazas y asesinatos contra mujeres que participaron en campañas municipales y estatales. Expertos señalan que la impunidad en la mayoría de estos casos fomenta la repetición de los ataques.

Exigen seguridad y justicia para Veracruz

Diversas organizaciones y colectivos feministas han convocado movilizaciones para exigir justicia por el asesinato de Jessica Luna Aguilera. En redes sociales, el hashtag #JusticiaParaJessicaLuna se ha vuelto tendencia, acompañado de mensajes que denuncian la falta de garantías para las mujeres que buscan participar en la vida pública.

Este crimen vuelve a poner bajo la lupa la situación de inseguridad en Veracruz, donde la violencia política, de género y del crimen organizado se entrecruzan, dejando un saldo cada vez más trágico.

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Entre los decomisos más relevantes destaca la incautación de 1,197 kilos y 738,970 pastillas de fentanilo, así como el desmantelamiento de 139 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas. En estos operativos se confiscaron más de 239,000 litros y 91,000 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de narcóticos.

Operativos estratégicos en puntos clave

El 16 de enero, fuerzas federales asestaron un golpe importante al narcotráfico en Tecate, Baja California, donde aseguraron 560 kilogramos de metanfetamina y 30 kilogramos de fentanilo con un valor estimado de 416 millones de pesos. Ese mismo día, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, fueron decomisadas más de 2 toneladas de cocaína y 3,420 litros de combustible, afectando las finanzas criminales con un impacto de 561 millones de pesos.

En operativos contra la extorsión, el 15 de enero, en Guadalajara, Jalisco, un cateo en un centro de llamadas utilizado para fraudes permitió la detención de 20 personas y el aseguramiento de dispositivos móviles y equipos tecnológicos. Mientras tanto, en la Ciudad de México, fueron capturados dos hombres vinculados a delitos de extorsión agravada y asociación delictuosa.

Uno de los operativos más relevantes se llevó a cabo el 13 de enero en Mazatlán, Sinaloa, donde cinco presuntos generadores de violencia fueron detenidos y dos personas privadas de la libertad fueron rescatadas. En esta acción, se incautaron armas de alto poder, incluyendo un lanzagranadas y granadas, así como seis vehículos, tres de ellos con blindaje artesanal.

Golpe al crimen organizado: más de 10 mil detenidos y 90 toneladas de drogas aseguradas en cuatro meses

Reducción de homicidios, pero con focos de violencia

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacó que el promedio diario de homicidios dolosos se ha reducido en un 27% en comparación con enero de 2018. No obstante, advirtió que la violencia sigue concentrándose en siete estados: Guanajuato (13.3%), Estado de México (8.1%), Baja California (7.9%), Michoacán (7.1%), Sinaloa (6.2%), Chihuahua (5.2%) y Jalisco (5.1%).

Las autoridades reiteraron su compromiso de fortalecer las estrategias de seguridad para seguir debilitando la estructura operativa y financiera del crimen organizado en el país.

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A solo una semana de las elecciones presidenciales en México, dos de los periódicos más influyentes de Estados Unidos, The Washington Post y The New York Times, han puesto de relieve en sus primeras planas un problema creciente: la expansión del crimen organizado más allá del tráfico de drogas. Ambas publicaciones destacan cómo los cárteles y grupos criminales han diversificado sus actividades, infiltrándose en diversos sectores económicos y ejerciendo una influencia cada vez mayor sobre la vida cotidiana de los mexicanos.

Infiltración en la Economía Local

The Washington Post ha investigado cómo los cárteles se han adentrado en el negocio de la tortilla, un alimento básico en México. Según el periódico, estos grupos criminales no solo extorsionan a pescadores, vendedores de pollo y empresas de transporte, sino que también han comenzado a exigir pagos a tortillerías. El Consejo Nacional de la Tortilla estima que el 15% de las tortillerías en México, aproximadamente 20,000 negocios, son extorsionadas regularmente. Homero López, presidente del Consejo, afirmó que “estamos prácticamente en el punto en que los delincuentes fijan el precio de las tortillas”.

En Morelos, la extorsión a las tortillerías alcanza los 900 pesos mensuales, y en Cuautla, esta cifra se eleva a 50,000 pesos, según el obispo Ramón Castro Castro. Además, los agricultores en Sinaloa enfrentan “impuestos” adicionales por el uso de agua para riego, a menos que cooperen con los cárteles.

Diversificación Criminal

El reporte de The Washington Post también señala que los cárteles están involucrados en el robo de mercancías y la imposición de pagos adicionales a los productores de maíz. Héctor Manuel Romero, consultor de Seguridad y Transporte, explicó que estos robos permiten a los cárteles generar ingresos adicionales para invertir en otras actividades ilícitas como el tráfico de migrantes y armas.

En Guerrero, los cárteles obligan a los agricultores a venderles maíz, el cual luego es forzadamente comprado por las tortillerías, y las pandillas inspeccionan los inventarios de las tiendas para asegurarse de que no compren en otros lugares.

Expansión del Crimen Organizado en México: Un Reto Clave en la Antesala de las Elecciones Presidenciales

Violencia Electoral

Paralelamente, The New York Times ha centrado su atención en la violencia electoral, destacando que las elecciones se han vuelto más peligrosas debido a los intentos de los grupos criminales de controlar los gobiernos locales. Hasta el momento, se han registrado 36 asesinatos de candidatos a cargos públicos, con sospechas de implicación de la delincuencia organizada en al menos 28 de estos casos. Sandra Ley, analista de Seguridad de México Evalúa, señaló que los cárteles buscan infiltrarse en gobiernos municipales para acceder a recursos y capturar el aparato de seguridad.

Respuesta del Gobierno

En respuesta a esta creciente violencia, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha coordinado esfuerzos con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército y la Guardia Nacional para ofrecer protección a los candidatos que la soliciten. A nivel estatal, los gobiernos locales también están tratando de proteger a los candidatos, aunque enfrentan desafíos significativos debido a la falta de recursos, trabas burocráticas y la debilidad de las policías locales.

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La captura del representante de Morena fue de conocimiento publico gracias a la Secretaria de Seguridad Publica del estado donde mencionan que Ricardo Perez dicho responsable por violencia y fue detenido por portar armas de fuego de manera ilegal.

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Despues de de pasar 6 dias en detencion por posesion de armas ilegales fue liberado alcalde de Rio Blanco.

“Derivado de los recorridos por la calle 22 de la colonia Nuevo San José, fue detenido Ricardo Pérez a bordo de una camioneta Mazda gris con placas YTK490A; llevaba en el interior un arma larga, un arma corta, cargadores, cartuchos, cuatro chalecos tácticos y un equipo de radiocomunicación”, decía el comunicado que lo señalaba además de generador de violencia en Córdoba.

Despues de haber sido liberado el gobernador Cuitlahuac Garcia informo que el alcalde habia no era generador de violencia y que habia resultado victima de amenzas por parte del crimen organizado.

En el transcurso de la semana trabajadores municipales pedian su liberacion y al fin al pasar el viernes fue de conocimiento publico que se habia dejado en libertad.

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 Monreal Ávila compartió un mensaje en redes sociales, en el que mencionó que también se preparan los dictámenes sobre la llamada “Ley de Cunas Vacías”, así como los proyectos para que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de seguros y sobre trabajadores rurales.  

 El pasado 18 de octubre, el legislador presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Ahí, propuso imponer una pena de 10 a 20 años de prisión, y de mil a 20 mil días multa, a quien reclute, utilice, obligue, coaccione, incite o invite a una o varias personas menores de 18 años para cometer cualquiera de los delitos contenidos en el Código Penal Federal y en las leyes federales; así como a participar, con o sin su consentimiento, en actividades o tareas que resulten en beneficio de la asociación delictuosa. 

 El proyecto, que fue turnado a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, precisa que “el consentimiento dado por la persona menor de 18 años no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal”.  

 Y que el mínimo y el máximo de la pena aumente hasta en una mitad cuando se trate de personas menores de 15 años cumplidos; y cuando el delito sea cometido por persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación de parentesco, sentimental, afectiva o de confianza.  

 Además, cuando el delito sea cometido por servidores públicos en ejercicio de sus funciones; y cuando se cometa contra niñas, niños o adolescentes en condiciones de orfandad, violencia familiar, discapacidad, pobreza extrema, situación de calle, migración, que pertenezcan a una comunidad indígena o hayan sido previamente víctimas de algún delito. 

 Ricardo Monreal advirtió que en nuestro país se calcula que entre 30 mil y 35 mil menores han sido reclutados por el crimen organizado, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México. 

 Esta misma organización, agregó, ha revelado que el reclutamiento por parte de grupos delictivos derivó en 2021 en el asesinato de, al menos, 700 niñas, niños y adolescentes. 

 Para ocupar a los menores, alertó, los grupos delictivos utilizan diferentes estrategias de reclutamiento, como amenazas, violencia física, enamoramiento de niñas y mujeres adolescentes, así como promesas de dinero o empleo por medio de engaños. 

 Sin embargo, a pesar de estas cifras, en México aún no está tipificado el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, que constituye una de las formas más graves de violencia que se puedan cometer contra estos sectores, al afectar de manera directa sus derechos humanos. 

 El senador expresó en su mensaje que “el trabajo todo lo vence”, por lo que seguirá en la lucha para que este país sea mejor.  

 “Voy a seguir luchando porque la reconciliación es urgente. Voy a seguir luchando porque debemos continuar con el cambio. Voy a seguir luchando porque esto exigen las sociedades, en este caso, un México más justo, más próspero, más progresista, más tolerante”. 

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