Una fuerte explosión en la subestación eléctrica de Minatitlán, Veracruz, provocó un apagón general en varias zonas de la ciudad durante la tarde de este martes. De acuerdo con reportes preliminares, personal especializado logró controlar el incendio derivado de la explosión sin que se registraran personas lesionadas.

Sin embargo, las autoridades aún no han emitido un informe oficial sobre las causas del incidente ni el tiempo estimado para restablecer por completo el servicio eléctrico en la zona.

Ola de calor agrava crisis energética en Veracruz

El apagón en Minatitlán se suma a una serie de interrupciones en el suministro de energía que han afectado a diversas regiones de Veracruz en los últimos tres días.

Estos cortes se han visto agravados por la intensa ola de calor que azota al estado, con temperaturas que superan los 40°C y sensaciones térmicas de hasta 55°C, lo que ha incrementado la demanda de energía y generado sobrecargas en la infraestructura eléctrica.

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) informó que los cortes de luz han sido menores a dos horas, aunque habitantes de varias localidades han reportado apagones de hasta cuatro horas continuas.

Según datos del Sistema Interconectado Nacional, este día la demanda de energía en el país alcanzó un récord de 48,840 Megawatts, lo que ha puesto a prueba la capacidad de las redes eléctricas en varias entidades, incluido Veracruz.

La explosión en la subestación de Minatitlán ha encendido las alarmas sobre el estado de la infraestructura eléctrica en la región, especialmente en un contexto de altas temperaturas y aumento en el consumo de energía.

Las autoridades locales y federales enfrentan el reto de garantizar el suministro eléctrico mientras investigan las causas del incidente y trabajan para prevenir futuras fallas.

Mientras tanto, la población de Minatitlán y otras zonas afectadas espera respuestas claras y soluciones prontas para normalizar el servicio eléctrico, vital para enfrentar las condiciones extremas de calor que se mantendrán en los próximos días.

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A pesar del cambio en la administración federal, la situación crítica en hospitales de Petróleos Mexicanos (Pemex) va en aumento, especialmente en Veracruz, donde se ha denunciado la falta de médicos especialistas, escasez de medicamentos y la ausencia de ambulancias. Estas deficiencias incumplen lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), afectando a miles de derechohabientes.

Héctor Vallados González, presidente de Jubilados de la Sección 9 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), señaló que los servicios médicos de Pemex “están por los suelos”. Destacó que especialidades como geriatría, medicina interna, terapia intensiva, neurología y gastroenterología han estado sin cobertura durante un año y hasta cuatro años, dejando a muchos pacientes sin la atención adecuada.

Denuncian falta de especialistas y medicamentos

“Los derechohabientes enfrentan serias dificultades. No hay atención médica de especialidades, y tenemos muchos problemas en el Hospital, desde la parte médica hasta la administrativa, que no cumple con los requisitos que marca la Cofepris”, mencionó Vallados González.

Además, denunció que los pacientes son referidos a hospitales de otros municipios e incluso estados, como Poza Rica, Ciudad Mendoza, Reynosa y Tamaulipas, para la realización de estudios médicos. Esta situación afecta a más de 3 mil derechohabientes en la zona, quienes se ven obligados a trasladarse largas distancias para recibir atención médica.

Los trabajadores y jubilados de Pemex en Veracruz exigen soluciones inmediatas, considerando inaceptable que la empresa no garantice un servicio médico digno a sus empleados y pensionados.

La falta de especialistas, medicamentos y ambulancias no solo viola los derechos laborales de los trabajadores, sino que también pone en riesgo la salud y la vida de los derechohabientes.

Ante esta situación, se hace un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que tomen medidas inmediatas y se restablezca el servicio médico en los hospitales de Pemex, cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo y garantizando el derecho a la salud de los trabajadores y sus familias.

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El Tribunal Constitucional aceptó el lunes el recurso de amparo planteado por el opositor Partido Popular para paralizar la votación prevista el jueves en el Senado sobre varias resoluciones ya aprobadas la semana pasada por los diputados. El órgano argumentó que estas disposiciones, incluidas en forma de enmiendas en una extensa reforma del Código Penal, no tenían relación con el texto en conjunto y que la cuestión planteada en el recurso era relevante.

Las disposiciones en cuestión estaban destinadas a desbloquear la renovación de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato expiró a finales de junio. El gobierno del socialista Pedro Sánchez acusa, de su lado, al PP y a la mayoría conservadora del Tribunal de bloquear la renovación de estos cuatro jueces para impedir que se forme una mayoría progresista en este órgano que es el máximo intérprete de la Constitución.

La decisión del Tribunal Constitucional es un “hecho grave”, denunció este martes el presidente socialista, Pedro Sánchez, durante una comparecencia con tono solemne.

“Por primera vez se impide a los representantes legítimos, democráticamente elegidos por los españoles con su voto, que realicen su función de representación de esa voluntad popular de debate en el Parlamento y de legislación”, continuó. “Son hechos que no tienen precedentes en la historia democrática de nuestro país”, agregó en referencia al periodo iniciado tras el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975, “pero tampoco de ningún país del espacio institucional europeo”, añadió.

Desde la oposición de derecha consideran, sin embargo, que Sánchez pretende controlar la institución imponiendo a jueces que apoyen sus políticas.

“Todos sabemos que lo que está detrás de esas dos enmiendas”, criticó la número dos del Partido Popular, Cuca Gamarra, en la radio Cadena Cope. “Es la clara intención por parte del presidente del gobierno de, por la puerta de atrás, y al margen del procedimiento cambiar las reglas del juego (…) para adaptarlos a lo que él le conviene”, lanzó.

La reforma del Código Penal —que incluye medidas destinadas a satisfacer a los aliados catalanes de Sánchez—, podrá votarse el jueves en el Senado, pero sin las enmiendas suspendidas por el Tribunal.
Preocupación de la Unión Europea

El punto álgido de esta crisis llega tras cuatro años de pulso ente gobierno y oposición sobre la polémica renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano encargado de nombrar a los jueces, entre ellos la mayor parte de los que integran el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

Los miembros del CGPJ debían haber sido renovados en 2018, pero todavía no tienen reemplazo debido a la falta de acuerdo entre izquierda y derecha. Ambas deben entenderse, ya que 12 de los 20 integrantes de este órgano deben ser nombrados por la mayoría cualificada de tres quintas partes de las dos Cámaras del Parlamento.

Este bloqueo total complica el funcionamiento de la justicia y ha provocado varios toques de atención desde la Comisión Europea. A finales de septiembre, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se desplazó a Madrid para reclamar esta renovación, pero resultó en vano. Cansado de esta crisis, el presidente del propio CGPJ, Carlos Lesmes, presentó su dimisión en octubre.

Aunque aseguró que el gobierno respetará la decisión del Tribunal Constitucional, Sánchez prometió el martes que su “gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional”.

Sus aliados de Podemos denunciaron, por su parte, una decisión de una “gravedad extrema”. “Un poder judicial sin legitimidad democrática ha dado un golpe al poder legislativo”, escribió uno de sus responsables, Pablo Echenique, en Twitter.

En 2020, el gobierno de Sánchez planeó reformar los procesos de renovación del CGPJ, pero ante la preocupación de Bruselas y las acusaciones de que buscaba favorecer el nombramiento de jueces ideológicamente próximos a la izquierda, acabó abandonando la reforma.

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