La resolución se emitió después de que la autoridad eliminó de la competencia a Formas Inteligentes, S.A. de C.V., empresa que había presentado la propuesta económica más baja del procedimiento. Como consecuencia de esa decisión, Placas y Señalamientos Mexicanos quedó como el único participante elegible para obtener el contrato.

Según el dictamen de adjudicación, Formas Inteligentes ofertó un monto de 540 millones 990 pesos. Sin embargo, durante la etapa de evaluación técnica, la Coordinación Administrativa de la Oficialía Mayor determinó desechar su propuesta tras revisar las muestras físicas entregadas como parte del concurso.

Entre los argumentos expuestos por la autoridad se indicó que la aplicación de realidad aumentada presentada por la empresa operaba sin conexión a internet, pese a que las bases establecían la obligación de contar con conectividad. Asimismo, se señaló que el código de seguridad gris incorporado en las tarjetas plásticas y calcomanías no permitió una lectura adecuada mediante el dispositivo móvil contemplado en los requisitos técnicos.

Antes de la adjudicación definitiva, la Subdirección de Investigación de Mercado detectó además que una de las partidas económicas cotizadas por Placas y Señalamientos Mexicanos excedía el precio de referencia fijado por la propia autoridad estatal.

La empresa presentó inicialmente una oferta de 460 millones 112 mil 840 pesos para la partida correspondiente a placas de circulación y calcomanías, cifra superior al valor de referencia de 460 millones 9 mil 890 pesos. Durante el acto de contraoferta, la compañía ajustó el monto a 457 millones 862 mil 840 pesos.

A esa cantidad se sumó una segunda partida por 90 millones 480 mil pesos destinada al servicio de preimpresión y laminado de tarjetas plásticas. Con ello, la propuesta final alcanzó los 548 millones 342 mil 840 pesos que finalmente fueron adjudicados por la Dirección General de Recursos Materiales.

Pese a la reducción realizada durante el procedimiento, el monto aprobado continuó siendo superior a la oferta económica originalmente presentada por Formas Inteligentes, cuya propuesta había sido descartada por razones técnicas.

La adjudicación puso fin a un proceso que tuvo como antecedente inmediato la licitación LPNP-015-2026. Ese procedimiento fue celebrado el 26 de marzo y posteriormente declarado desierto, sin que la autoridad hiciera pública una explicación sobre los motivos de la decisión.

Fuentes consultadas señalaron que entre ambos concursos existieron diferencias relevantes en las muestras solicitadas a los participantes. También indicaron que en un periodo cercano a dos meses se incorporaron nuevas medidas de seguridad que modificaron de manera significativa las condiciones técnicas requeridas para competir.

La nueva convocatoria fue publicada el 26 de mayo e impuso plazos reducidos para la preparación de las propuestas. Entre las exigencias establecidas figuró la entrega de muestras físicas elaboradas con el nuevo diseño institucional el 1 de junio a las 10:00 horas.

Ese calendario otorgó a los concursantes menos de cuatro días naturales para adecuar procesos productivos, configurar líneas de fabricación y producir las láminas vehiculares solicitadas, considerando además que el periodo incluyó un fin de semana.

Las bases también obligaron a incorporar candados tecnológicos en las tarjetas de circulación, mecanismos cuya autenticidad debía verificarse mediante aplicaciones móviles. Especialistas consultados consideraron que el desarrollo, ajuste e implementación de este tipo de herramientas informáticas en menos de 96 horas resultaba técnicamente inviable para proveedores externos.

Debido a ello surgieron cuestionamientos sobre la posibilidad de que las condiciones del concurso favorecieran a una empresa que ya contara previamente con los diseños, especificaciones y desarrollos tecnológicos requeridos por la autoridad. El resultado de la licitación también volvió a colocar bajo observación los antecedentes de Placas y Señalamientos Mexicanos en otras entidades del país.

La compañía aparece mencionada en diversos reportes periodísticos relacionados con inconformidades ciudadanas por desgaste prematuro y despintado de matrículas vehiculares distribuidas en estados como Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Hidalgo y Sonora. En algunos de esos casos, los gobiernos estatales implementaron programas extraordinarios de reposición para atender a los usuarios afectados.

Durante este año también se registró un antecedente en Querétaro relacionado con placas defectuosas entregadas desde 2022. En esa entidad, la Contraloría estatal solicitó una evaluación técnica al Instituto Politécnico Nacional (IPN), institución que concluyó que los materiales cumplían con las especificaciones previstas en la normativa aplicable.

Derivado de esa revisión no se impusieron sanciones administrativas a la empresa. No obstante, la compañía absorbió el costo de reposición de las láminas involucradas.

Las bases de la licitación mexiquense exigen certificados emitidos por el propio IPN, requisito que configura un mecanismo de validación similar al aplicado previamente en Querétaro.

En ese contexto, fuentes cercanas al procedimiento solicitaron la intervención de Horacio Duarte, secretario general de Gobierno del Estado de México, con el objetivo de supervisar el desarrollo del concurso y garantizar que la adjudicación se realizara bajo criterios de legalidad y transparencia.

El fallo fue firmado por Mirey Ivonne Álvarez Rodríguez, encargada del despacho de la Dirección General de Recursos Materiales. El documento establece que la vigencia del contrato comenzará a partir de la notificación de la resolución y concluirá el 31 de diciembre de 2026.

A partir de entonces, corresponderá a las instancias responsables de control y supervisión verificar la calidad de las placas, calcomanías y tarjetas de circulación que sean entregadas a los contribuyentes del Estado de México.

El cargo Contrato por más de 548 mdp para placas vehiculares en Edomex queda en manos de empresa señalada por fallas en otras entidades apareció primero en La Chispa de Veracruz.

El proyecto, impulsado por Fundación Coca-Cola México, Coca-Cola FEMSA y la Industria Mexicana de Coca-Cola, busca ampliar el acceso al agua en planteles públicos mediante Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL), los cuales permiten recolectar entre 500 mil y un millón de litros de agua durante la temporada de lluvias.

La iniciativa surge en un contexto donde más de 17 mil escuelas primarias y secundarias del país carecen de acceso al agua, situación que afecta el funcionamiento de sanitarios, lavamanos y labores de limpieza en los planteles.

De acuerdo con las empresas participantes, Coca-Cola FEMSA colaboró en la instalación de 471 Escuelas con Agua en Estado de México, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala y Guanajuato, con beneficio para 183,000 estudiantes y personal escolar.

Además de infraestructura hidráulica, el programa incluye capacitación para comunidades escolares, integración de comités de mantenimiento y un sistema digital de monitoreo para supervisar el funcionamiento de los equipos.

El evento contó con la presencia de Delfina Gómez Álvarez; Efraín Morales López; Louis Balat; y Rodrigo Feria Cano.

Actualmente, las 1,000 Escuelas con Agua instaladas en 29 estados acumulan 347,182 personas beneficiadas, 15,796,550 litros de agua captada y aprovechada, así como 7,997 horas de capacitación relacionadas con el uso responsable del agua.

Durante el acto, Rodrigo Feria Cano afirmó que el objetivo consiste en ampliar el alcance de la iniciativa mediante alianzas estratégicas que permitan llevar acceso al agua a más comunidades escolares.

Por su parte, Delfina Gómez Álvarez señaló que el programa se alinea al Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En paralelo, Louis Balat informó que, en el contexto de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, la Industria Mexicana de Coca-Cola prevé instalar 50 nuevas Escuelas con Agua en ciudades sede, con el objetivo de ampliar el impacto social del proyecto en distintas regiones del país.

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La revelación sobre una cuenta bancaria en Andorra vinculada con Alfredo del Mazo Maza, dada a conocer en 2019 por el diario español El País, nunca derivó en una investigación penal en México, pese a tratarse de operaciones realizadas en un sistema financiero considerado entonces un paraíso fiscal. De acuerdo con información publicada por Reporte Índigo, el caso tampoco generó consecuencias legales para el exgobernador del Estado de México.

La investigación periodística expuso que Del Mazo Maza habría tenido una cuenta bancaria en Andorra y que ésta no apareció en sus declaraciones patrimoniales, documentos en los que los funcionarios públicos deben transparentar bienes y propiedades para permitir la supervisión de la evolución de su patrimonio.

En un primer momento, el entonces gobernador mexiquense rechazó tener una cuenta bancaria en un paraíso fiscal. Sin embargo, posteriormente modificó su postura y reconoció que sí había tenido una cuenta en esa nación europea durante el periodo en el que fungía como presidente municipal de Huixquilucan, etapa en la que exploró participar en actividades empresariales.

De acuerdo con el reporte original del diario español, en la cuenta bancaria localizada se detectaron depósitos por 1.5 millones de euros, equivalentes en ese momento a aproximadamente 32 millones de pesos. Tras los señalamientos, Del Mazo Maza respondió públicamente: “Sobre la nota publicada por el diario El País, quiero aclarar que rechazo categóricamente tener alguna cuenta bancaria en Andorra. (…) No he omitido ninguna información en mi declaración patrimonial presentada en tiempo y forma”.

Posteriormente, el 19 de julio de 2019, se difundió una respuesta más amplia enviada por Alfredo del Mazo Maza al diario español, donde explicó las razones por las cuales abrió dicha cuenta bancaria. “Durante la última parte de mi administración como presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, decidí explorar opciones que me permitieran emprender en alguna actividad empresarial no relacionada con mi actividad pública. En ese momento, exploré la posibilidad de participar en sociedad con una empresa que se dedica a la operación de estacionamientos públicos”.

En el mismo posicionamiento añadió: “Para llevarla a cabo, en su momento se decidió la apertura de la cuenta en el BPA. Reconozco que no fue la mejor decisión abrirla en este lugar. Sin embargo, con el inicio de la nueva administración federal en México en 2012, fui invitado a formar parte de la misma, razón por la cuál, finalmente decidí ya no participar en el proyecto empresarial. Quiero reiterarle que no tengo cuenta alguna en ese país y que he declarado todo aquello que conforma mi patrimonio”.

Pese a la polémica generada por el hallazgo de la cuenta y el flujo millonario de recursos detectados, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descartó entonces una investigación contra el exmandatario. El 9 de septiembre de 2019, Santiago Nieto Castillo, quien encabezaba la UIF, declaró públicamente: “No tenemos ninguna investigación contra el gobernador Alfredo del Mazo Maza. (…) Nosotros hemos requerido información y los datos con los que contábamos en este momento por parte de la Unidad de inteligencia Financiera es que corresponde con lo dicho por el gobernador, es decir se trata de una cuenta que fue aperturada y que se cerró en 2013″.

Reporte Índigo recordó que recientemente también publicó información relacionada con observaciones pendientes de solventar por parte de la administración encabezada por Del Mazo Maza en el Estado de México. Según la publicación, aunque ese gobierno concluyó en 2023, aún mantiene observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación por un monto superior a mil millones de pesos.

El caso de Alfredo del Mazo contrasta con otros expedientes abiertos posteriormente por la UIF relacionados con operaciones financieras en paraísos fiscales. El 15 de noviembre de 2022, la dependencia informó sobre una indagatoria contra Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, tras detectar posibles vínculos con operaciones realizadas en jurisdicciones consideradas de opacidad financiera.

En ese momento, la UIF explicó que el análisis derivó de compromisos internacionales y de las revelaciones de los Pandora Papers. “Como parte de los compromisos internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera y derivado de la declaración pública efectuada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en reunión plenaria celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia, la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, entre ellas a Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República”, expuso la institución.

La UIF agregó entonces que “el uso de empresas off shore, fideicomisos e instrumentos financieros en jurisdicciones extranjeras denominadas paraísos fiscales, constituyen situaciones de alerta que la UIF no podía ignorar en el marco de las revelaciones de los Pandora Papers”, además de señalar que este tipo de operaciones puede vincularse con corrupción, lavado de activos, evasión y defraudación fiscal.

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene bajo observación un monto superior a los mil millones de pesos correspondientes al último año de gestión de Alfredo Del Mazo en el Estado de México. Según el Sistema Público de Consulta de Auditorías, estos recursos federales transferidos en 2023 presentan anomalías que la administración estatal no ha logrado solventar hasta la fecha.

De acuerdo con una investigación de Reporte Índigo, el órgano fiscalizador determinó que mil 64 millones de pesos permanecen en la categoría de montos por recuperar o aclarar. La cifra forma parte de un universo original de observaciones que superó los 2 mil 586 millones de pesos durante el cierre del pasado gobierno mexiquense.

El pliego de observaciones vigente se divide en tres partidas críticas. La más cuantiosa alcanza los 921.7 millones de pesos, seguida de dos registros adicionales por 95.9 y 46.8 millones de pesos respectivamente. Estos montos carecen de documentación comprobatoria que avale la recepción de bienes o la prestación de servicios contratados con participaciones federales.

La fiscalización detectó que el gobierno de Del Mazo transfirió recursos a diversos entes, como el Poder Judicial local y múltiples ayuntamientos, sin dejar evidencia del destino final del gasto. La ASF identificó incongruencias severas entre la información financiera de las autoridades y los registros físicos existentes en los archivos estatales.

Un foco rojo específico aparece en la gestión de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM). La auditoría señala un faltante de 623 millones de pesos en esta dependencia, la cual firmó 81 contratos por más de 752 millones de pesos bajo la justificación de mitigar la crisis hídrica en la entidad.

A pesar de la millonaria inversión en infraestructura y perforación de pozos, el impacto social resultó nulo. Municipios como Ecatepec, Naucalpan, Chimalhuacán y Toluca mantienen niveles de desabasto críticos y una contaminación creciente en los mantos acuíferos por sustancias tóxicas como mercurio y cianuro.

En el último ejercicio de la dinastía priista en el Estado de México, la administración estatal también erogó recursos en consultorías externas. Destaca el pago de 185 millones de pesos al Despacho Ramírez y Asociados para realizar una auditoría de sus propios estados financieros, gasto que no evitó las observaciones federales actuales.

Otros contratos relevantes bajo la lupa incluyen la compra de medicamentos por 165 millones de pesos a la empresa Medical Pharmaceutica y obras viales por 100 millones de pesos. Estas contrataciones se realizaron en un contexto de bajo perfil mediático por parte del entonces gobernador Del Mazo Maza.

Hasta abril de 2026, el destino de esta bolsa de recursos públicos federales permanece incierto. El Sistema de la Auditoría indica que solo se recuperaron poco más de cuatro mil pesos durante el proceso de revisión, lo que deja el boquete financiero prácticamente intacto.

Mientras el exmandatario mantiene una presencia mínima en la escena pública, los expedientes de la cuenta pública 2023 siguen abiertos. La ASF espera la aclaración de estos recursos que, por ley, deben ser restituidos a la hacienda federal si no se presenta la evidencia documental correspondiente.

El cargo ASF detecta irregularidades por más de mil millones de pesos en último año de Alfredo Del Mazo apareció primero en La Chispa de Veracruz.

El cargo Exponen ante Segob caso del doctor Fernando Romero investigado por la Fiscalía Edomex apareció primero en La Chispa de Veracruz.

Las acusaciones señalan la existencia de revisiones administrativas utilizadas como mecanismo para exigir pagos informales a cambio de mantener los negocios abiertos.

La información fue difundida por la columnista Laura Puente, quien refiere que los operativos de clausura serían ejecutados por personal del Ayuntamiento sin que medien procedimientos legales claros.

Posteriormente, representantes del gobierno local ofrecerían “acuerdos” extraoficiales a empresarios, condicionados a pagos en efectivo y fuera de canales institucionales.

Uno de los testimonios citados en la columna apunta a que dichas reuniones se realizan en lugares ajenos a las instalaciones gubernamentales, y que quien encabeza estos encuentros es Erick Isachar Vega Chavarría, Coordinador General de la Oficina de Presidencia.

De acuerdo con la misma fuente, estos ofrecimientos se realizan bajo el argumento de contar con el respaldo de la alcaldesa Ana María Castro Fernández, del partido Morena.

El texto también señala que, a pesar de que Tultitlán fue incluido en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres desde 2015, y forma parte del listado de 50 municipios prioritarios en materia de seguridad estatal, no ha sido considerado en operativos recientes implementados por el gobierno mexiquense.

Entre ellos figura la “Operación Liberación”, desplegada durante el mes de julio en otras zonas del Estado de México bajo la dirección de la administración de Delfina Gómez Álvarez.

Además de las presuntas prácticas de extorsión, se reporta la existencia de lazos familiares dentro del equipo de gobierno municipal.

Según el reporte, al menos tres personas con vínculos directos con la alcaldesa ocupan cargos en la administración. Entre ellas se encuentran la expresidenta municipal Elena García Martínez, identificada como cuñada de Castro Fernández, y el secretario del Ayuntamiento, José Alfredo Contreras Suárez, quien es su esposo.

Las acusaciones habrían llegado ya a conocimiento de integrantes de los gabinetes de seguridad estatal y federal. Sin embargo, hasta ahora no se han anunciado investigaciones, medidas cautelares ni operativos de supervisión.

El cargo Denuncian esquema de extorsión dentro del Ayuntamiento de Tultitlán apareció primero en La Chispa de Veracruz.

La carpeta TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02 fue integrada a partir de una denuncia presentada por habitantes de las colonias Fimesa 1, 2 y 3. Los vecinos acusan que durante la gestión de García Martínez al frente del municipio, el gobierno local transfirió 38.5 millones de pesos a la asociación civil Unión de Colonos, Inquilinos Solicitantes de Vivienda y Comerciantes, Lomas del Parque A.C., para la compra de 27 hectáreas en San Francisco Chilpan. La transacción no cuenta con escrituras públicas que acrediten la propiedad legal del terreno, según los denunciantes.

Además de esa operación, los colonos señalan un depósito adicional de 5 millones de pesos al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonapho) en 2023, sin que hasta ahora se haya formalizado la escrituración de los predios.

Los señalamientos se extienden a la administración de Castro Fernández, quien asumió el cargo en enero de 2025. Reportes periodísticos indican que en los primeros siete meses de su mandato se asignaron contratos por más de 72.7 millones de pesos mediante procedimientos con un solo competidor o adjudicación directa. Las observaciones fueron presentadas también ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la Contraloría estatal.

Vecinos del municipio han expresado su rechazo a la propuesta del gobierno local de cambiar el nombre de su colonia a “Cuarta Transformación”. Consideran que esta medida podría afectar su identidad jurídica y los procesos legales para garantizar la tenencia de la tierra.

Además de los procedimientos administrativos, las denuncias incluyen un elemento político. La actual diputada local, Elena García Martínez, promovió la candidatura de su cuñada Ana María Castro a la presidencia municipal. De acuerdo con los inconformes, al menos tres familiares cercanos a la alcaldesa trabajan en el Ayuntamiento.

Diversos sectores han expresado preocupación por el contexto en que se encuentra Tultitlán. Representantes empresariales advierten sobre la existencia de trámites engorrosos, señalando que esto ha desalentado inversiones tanto nacionales como extranjeras. Datos oficiales indican que el 42% de la población en el municipio vive en condiciones de pobreza.

En materia de seguridad, Tultitlán forma parte de las demarcaciones con mayor percepción de inseguridad. De acuerdo con el INEGI, 87.3% de los habitantes del Estado de México consideran que vivir en la entidad es inseguro.

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, colonos de Fimesa 2 y 3 han convocado a una movilización el próximo 8 de agosto. Exigen la liberación de la caseta de cobro en Tepotzotlán y del Circuito Exterior Mexiquense, el reconocimiento formal de los derechos de posesión de sus viviendas, y la intervención del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) para formalizar la propiedad de los terrenos que ocupan desde hace más de tres décadas.

Asimismo, demandan la judicialización de 93 carpetas de investigación presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las cuales involucran a la exalcaldesa García Martínez y a miembros del actual gobierno local.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que se han solicitado auditorías y peritajes técnicos para revisar el uso de recursos municipales entre los años 2023 y 2025.

El cargo Indagan a alcaldesa de Tultitlán y a antecesora por presuntas anomalías en manejo de recursos apareció primero en La Chispa de Veracruz.

Desde su llegada al gobierno local, Ana María Castro, ha enfrentado múltiples cuestionamientos por decisiones controversiales que no han sido bien recibidas por la comunidad. Uno de los casos más mediáticos fue la imposición del nombre “Cuarta Transformación” a una colonia del municipio sin previo aviso o consulta a los vecinos.

A pesar de que el gobierno municipal argumentó que la medida buscaba regularizar la zona afectada por disputas ejidales, los residentes denunciaron que la decisión se tomó de manera unilateral, sin explicar el impacto que tendría en los trámites oficiales y, sobre todo, sin informar a los habitantes, lo que generó un fuerte rechazo social.

A esta controversia se suman otras preocupaciones relacionadas con la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos. Desde que Ana María Castro asumió la presidencia municipal, ha adjudicado contratos por un monto total de 72.7 millones de pesos, la mayoría de ellos a través de adjudicaciones directas o licitaciones en las que solo se presentó un único competidor.

Tultitlán atraviesa también una profunda crisis económica y social. Según el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago, publicado en 2025, el 42% de la población del municipio vive en condiciones de pobreza, y un 18.4% de los habitantes sufren carencias sociales significativas.

La situación es aún más grave en áreas como salud y vivienda, pues solo el 1.6% de la población, 8 mil 748 personas, tiene acceso a servicios básicos de vivienda.

Otro grave problema que enfrenta este municipio mexiquense, de acuerdo a las mismas autoridades del gobierno de Delfina Gómez, es que han recibido reportes de empresas que comienzan a trasladar sus plantas productivas a otras entidades al no existir certeza jurídica, lo que ocasiona pérdida de empleos y afecta la calidad de vida de los habitantes.

En 2024, el presupuesto destinado al agua potable fue de 34 millones de pesos, una cifra que representa una disminución de 23 millones respecto al año anterior. Mientras tanto, el presupuesto para alcantarillado y electrificación fue cero en 2023 y 2024.

Además, la violencia y la inseguridad son otros factores que agravan la situación. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 87.3% de la población del Estado de México considera que vivir en la entidad es inseguro, y Tultitlán no escapa a esta realidad. El municipio se encuentra dentro de la Alerta de Violencia de Género desde 2015, y, a pesar de que se incluyó a Tultitlán en los 50 municipios prioritarios para la seguridad, los índices de delitos como robo de vehículos o las lesiones dolosas siguen siendo alarmantes.

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Durante la firma del convenio, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, subrayó que la alfabetización no es solo un proceso de aprendizaje, sino una herramienta fundamental para el desarrollo social y la justicia educativa. “Aprender a leer y escribir permite a las personas tomar conciencia de su lugar en el mundo y asumir su rol en la historia”, afirmó. Destacó también la importancia de este esfuerzo en el marco de la “Cuarta Transformación”, como una política pública que busca garantizar derechos históricamente postergados.

Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reafirmó su compromiso con la campaña “El Poder de Alfabetizar”, enfatizando que la educación es un derecho y no un privilegio. La mandataria anunció la apertura de un aula de alfabetización dentro de Palacio de Gobierno, simbolizando su respaldo a esta iniciativa y la participación activa de los servidores públicos en esta causa.

El director general del INEA, Armando Contreras Castillo, recordó que a lo largo de sus 43 años de existencia, el instituto ha atendido a más de 31 millones de personas, sin embargo, el rezago educativo aún afecta a 27 millones de mexicanos. “Nuestro objetivo es que en 2026 la Presidenta Claudia Sheinbaum pueda declarar a México como territorio libre de analfabetismo”, afirmó. Explicó que en el Estado de México hay más de 350 mil personas que no saben leer ni escribir, de las cuales el 53% son mujeres, por lo que este convenio representa una esperanza para miles de familias.

Alfabetización en el Estado de México: Un compromiso con la justicia social

Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación Ciencia, Tecnología e Información del Estado de México, aseguró que el plan estatal de desarrollo prioriza la erradicación del analfabetismo, con la participación de 20 mil mediadores educativos comprometidos con esta tarea.

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es el impacto en la vida de las personas beneficiadas. Karely Guadalupe Herrera Briones, alfabetizadora voluntaria, enfatizó que la lectura y la escritura son puertas de acceso al conocimiento y a la dignidad. “Leer y escribir no se les debe negar a nadie”, afirmó.

Con esta estrategia, el Estado de México se posiciona como referente en la lucha contra el rezago educativo, con un modelo de alfabetización que podría replicarse en otras entidades. La colaboración entre distintos niveles de gobierno y la sociedad civil se perfila como la clave para alcanzar la meta de un México libre de analfabetismo.

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Apoyo Federal y Desmentido de Rumores

En respuesta a preguntas sobre la situación en Chalco, el mandatario desmintió un video que ha circulado en redes sociales, en el cual se muestra a supuestos afectados destruyendo una represa para liberar aguas negras que han inundado sus calles y hogares durante 20 días. López Obrador señaló que el video no corresponde a la realidad mexicana, sino a un evento en Vietnam. “Es falso, es un video de Vietnam”, declaró, solicitando que se mostrara la fuente original del video en la pantalla central del Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Presencia de Autoridades en la Zona

Aunque el presidente no tiene planes de visitar la zona afectada, subrayó que desde el inicio de la emergencia, autoridades federales han estado presentes en Chalco. Entre los funcionarios y cuerpos de seguridad involucrados se encuentran Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, quienes han estado implementando los planes de apoyo “Marina”, “DN-III” y “GN-A”.

AMLO Reconoce que Inundaciones en Chalco Serán Reto para la Administración de Claudia Sheinbaum

Cuidado de la Investidura Presidencial

López Obrador explicó su decisión de no acudir personalmente a Chalco, mencionando que se trata de una medida para proteger la investidura presidencial. “No fui de inmediato a Acapulco para cuidar la investidura presidencial, porque los opositores están como buitres”, comentó. Este enfoque busca evitar que su presencia sea interpretada como una politización de la tragedia, en un contexto donde la oposición está atenta a cualquier movimiento.

Preparativos para el Sexto Informe de Gobierno

Finalmente, el presidente invitó a quienes estén interesados en el tema a asistir al Zócalo de la Ciudad de México el 1 de septiembre, cuando presentará su Sexto Informe de Gobierno. Allí, se espera que aborde los logros y desafíos de su administración, incluyendo la gestión de desastres naturales como las inundaciones en Chalco.

La gestión de las inundaciones en Chalco se perfila como uno de los retos que Claudia Sheinbaum deberá enfrentar al asumir la presidencia. Mientras tanto, el gobierno de López Obrador sigue apoyando a las comunidades afectadas, aunque el presidente mantiene una postura reservada sobre su intervención directa en la zona.

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