El exsubfiscal y exmagistrado del Poder Judicial de Nayarit, Rodrigo Benítez Pérez, fue detenido en Estados Unidos por autoridades migratorias y se encuentra bajo resguardo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informaron fuentes oficiales.

El exfuncionario se mantiene recluido en el Centro de Detención Contractual Elizabeth, en Nueva Jersey, mientras se define su situación legal.

Benítez Pérez es investigado en México desde noviembre de 2024, luego de que el Congreso local aprobara su desafuero y lo destituyera de su cargo como magistrado numerario.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala por presunta obstrucción de investigaciones de desapariciones forzadas, destrucción de evidencias y tráfico de influencias, hechos presuntamente ocurridos entre 2017 y 2023, periodo en el que se desempeñó como Director General de Investigación Ministerial en la Fiscalía estatal.

Tras su separación del cargo, el exmagistrado fue declarado prófugo, aunque continuó activo en sus redes sociales, desde donde publicó mensajes y documentos en los que acusó actos de corrupción, abuso de poder y huachicoleo, que, según él, involucran al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, al fiscal estatal Petronilo Díaz Ponce Medrano y a otros funcionarios públicos.

De acuerdo con información de Aristegui Noticias, entre octubre de 2024 y febrero de 2025, Benítez interpuso denuncias ante la Fiscalía General del Estado contra el gobernador y miembros de su gabinete, a quienes acusó de tentativa de homicidio, tortura, abuso de autoridad y asociación delictuosa.

En dichas denuncias, relató que el 14 de octubre de 2024 fue atacado con una navaja al salir de una reunión en el Poder Judicial. Afirmó que la agresión se registró el mismo día en que la FGR solicitó su desafuero, y sostuvo que los hechos estaban relacionados con presiones políticas por negarse a utilizar la Fiscalía estatal con fines partidistas.

Benítez atribuyó estos actos directamente al mandatario estatal y a su entorno cercano, señalando que tanto las acusaciones judiciales como la agresión fueron parte de una persecución política.

Personas cercanas al caso señalan que, tras su detención en territorio estadounidense, Rodrigo Benítez podría solicitar la figura de testigo colaborador, lo que permitiría que sus declaraciones aporten información sobre presuntas redes de corrupción y manipulación institucional en Nayarit.

Hasta el momento, el ICE no ha confirmado si el exmagistrado será deportado a México ni si enfrenta un procedimiento migratorio adicional en Estados Unidos.

Por su parte, la Fiscalía General de la República no ha emitido postura oficial sobre la detención ni sobre los procesos que enfrenta el exfuncionario en México.

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Por Antonio Carrera

La iniciativa surge en el marco de las reformas a la Ley Aduanera, que buscan reforzar el control de aduanas. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar informó que mañana sesionará la Comisión de Hacienda para discutir el dictamen de reformas a la Ley Aduanera.

En ese marco, anunció que desde la Cámara de Diputados se enviará una solicitud formal a la Fiscalía General de la República (FGR) para que establezca una comisión especial dedicada a la investigación y sanción de delitos de huachicol fiscal y facturación falsa.

Ramírez Cuéllar explicó que la propuesta pretende atender tres frentes: el robo fiscal en combustibles, las irregularidades en importaciones temporales que generan pérdidas en el sector textil y del calzado, y las prácticas de contrabando en el mercado de azúcar.

“El combate a la evasión y la elusión fiscal es la columna vertebral del paquete económico”, subrayó el legislador al referirse a la importancia de que la FGR disponga de una comisión especializada.

Indicó que estas medidas acompañan el esfuerzo por modernizar el sistema aduanal con la finalidad de incrementar la recaudación, garantizar un comercio exterior transparente y fortalecer la base financiera de programas sociales y de pensiones.

Ramírez Cuéllar sostuvo que la comisión especial dentro de la Fiscalía sería el complemento necesario al Consejo Aduanero en proceso de integración para dar seguimiento a este tipo de casos.

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ANTONIO CARRERA

Presuntos actos de corrupción relacionados con la obtención de terrenos de alto valor en Bahía de Banderas motivaron una denuncia de hechos contra José Gabriel Camarena Morales, actual Coordinador General Jurídico del Gobierno de Nayarit, que la Fiscalía General de la República (FGR) recibió el pasado 1 de agosto.

Entre septiembre de 2021 y diciembre de 2022 se realizaron depósitos, 17 transferencias por más de 30 millones de pesos, a José Gabriel Camarena Morales, de acuerdo con la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El escrito sostiene que el dinero provino de una empresa privada a cambio de favores para concretar la construcción de un hotel en Nayarit y que se canalizó a través del despacho Camarena & Compeán S.C., del cual el funcionario es socio.

Bajo el concepto de “revisión y asesoría legal en condición precedente en ejido”, el 13 de septiembre de 2021 se asentaron dos transferencias superiores a 5 millones de pesos cada una, con las que iniciaron los pagos, conforme a la relación de operaciones contenida en la denuncia.

Dos movimientos, cada uno cercano a 1.9 millones de pesos, quedaron asentados en noviembre del mismo año. Luego, durante enero y febrero de 2022, se añadieron cuatro pagos de montos similares, y más tarde, en octubre y noviembre de ese año, se registraron transferencias con importes entre 1.8 y 2.5 millones de pesos. El cierre de la serie aparece el 2 de diciembre de 2022 con un depósito de 2.4 millones.

Asociado con la cadena hotelera Marriott, el proyecto turístico “Nuevo Ícono de América” tiene como desarrolladora a Artha Capital, S. de R.L. de C.V., de Germán Ahumada Alduncin y Carlos Gutiérrez Andreassen; de acuerdo con la acusación, los predios que antes formaban parte del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) habrían sido reasignados en beneficio de esa empresa, tras vincularse su obtención con este esquema de pagos.

“Megaoperativo FIBBA Nuevo Nayarit” es la operación descrita en el documento, dentro de la cual se habrían ejecutado cateos, órdenes de aprehensión y procedimientos de expropiación que se califican de ilegales, con el propósito de que inmuebles vendidos o en litigio regresaran al dominio estatal y luego fueran puestos a disposición del consorcio privado.

Funcionarios de la Fiscalía de Nayarit y del Poder Judicial local, así como la entonces directora del FIBBA, Ludmila Heredia Verdugo, son señalados por su intervención en estos procesos.

Según la acusación, esta reorientación del gasto dejó fuera de la planeación a otras regiones del estado, que quedaron sin infraestructura básica como hospitales y escuelas; además, la denuncia apunta que el esquema incluyó la promesa y asignación de obras públicas, particularmente en carreteras y caminos rurales, para dar soporte a la zona turística del proyecto, con recursos federales.

Más de 80 inmuebles presuntamente desviados en sexenios anteriores integran lo que el discurso oficial denomina “recuperación histórica”, encabezada desde su cargo por José Gabriel Camarena Morales. Considerado uno de los hombres de mayor confianza del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, ha figurado además como representante del gobierno estatal en la Ciudad de México e incluso como aspirante a ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El propio Camarena ha calificado estas acusaciones como campañas de difamación orquestadas por intereses que, según él, se oponen a la recuperación del patrimonio de Nayarit; no obstante, reportes periodísticos han documentado señalamientos contra el funcionario por presunto fraude fiscal y abuso de autoridad, así como testimonios que lo vinculan con presiones ejercidas en el marco del “Megaoperativo Nuevo Nayarit”.

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De acuerdo con información que adelantó el diario La Prensa, Mizrahi Haiat enfrenta investigaciones que lo relacionan con posibles actividades ilícitas, entre ellas lavado de dinero.

A esto se añade la inconformidad de empleados y exempleados de Blindajes EPEL, quienes realizaron una protesta en su sede de Avenida Presidente Masaryk, lanzando huevos y harina contra la fachada en rechazo a presuntos abusos, malos tratos y falta de pagos.

Homicidios en Polanco

Las indagatorias no se limitan a actos administrativos. El 12 de septiembre de 2024, un hombre fue asesinado a tiros al descender de una camioneta blindada en Polanco Tercera Sección. Meses después, el 4 de diciembre, Jesús N, exmánager del cantante Gerardo Ortiz, fue ejecutado con al menos ocho disparos en un restaurante de Plaza Miyana. Este último era investigado por la FGR por presunto lavado de dinero y vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Una de las líneas de investigación apunta a que los vehículos involucrados en ambos crímenes pudieron haber sido blindados por EPEL, lo que ha llevado a las autoridades financieras y judiciales a revisar con mayor detalle las operaciones de la compañía.

“Que las autoridades financieras estén investigando y que haya asesinatos cerca de su empresa no es algo que se pueda ignorar”, comentó un experto en seguridad.

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Durante una declaración ante medios de comunicación, el fiscal respondió a las dudas que resurgieron tras la publicación de un medio sobre el caso del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Gertz desmintió que la decisión de retirar los cargos contra Cienfuegos haya sido producto de una solicitud del Gobierno de México.

“Eso es totalmente falso. La jueza dijo que se desistiría a petición del gobierno de Estados Unidos”, afirmó Gertz Mañero, subrayando que la administración estadounidense no pudo sostener la acusación. “Si hubieran tenido pruebas, las habrían presentado”, agregó.

Gertz Mañero reitera que el caso Cienfuegos fue cerrado por falta de pruebas

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la postura del fiscal y enfatizó que la resolución del caso se debió a la falta de evidencia contra Cienfuegos. “Como ya lo explicó el fiscal, no hay pruebas”, reiteró la mandataria.

El caso del general Cienfuegos, quien fue detenido en 2020 en Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico y posteriormente liberado tras el retiro de los cargos, ha sido objeto de controversia y especulación. Sin embargo, tanto la FGR como el Gobierno de México han sostenido que no existieron elementos para proceder en su contra.

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Primer caso: decomiso de fentanilo

Durante un punto de revisión sobre el Boulevard Circuito Interior, elementos de seguridad interceptaron a un vehículo tipo pick-up cuyo conductor, al notar la presencia de los agentes, intentó evadirlos. Tras marcarle el alto y realizar una inspección al vehículo, descubrieron una bolsa con pastillas de fentanilo escondida en un compartimento artesanal en la parte trasera de la unidad.

El conductor, un hombre de 40 años, fue detenido y se le informaron sus derechos antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público junto con la droga asegurada.

Segundo caso: recuperación de vehículo robado

En una acción distinta, llevada a cabo en el Boulevard Juan M. Zambada, en la colonia Penitenciaria, los agentes establecieron un punto de inspección para localizar vehículos robados. Detectaron un automóvil de alta gama sin placas de circulación. Tras verificar el número de serie en el sistema, confirmaron que tenía un reporte de robo activo.

Operativos en Culiacán refuerzan combate al crimen: aseguran fentanilo y vehículo robado

El conductor, de 23 años, fue detenido y se le leyeron sus derechos antes de ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes, junto con el vehículo asegurado.

Compromiso con la seguridad

Estas acciones reflejan el trabajo conjunto de las instituciones del Gabinete de Seguridad para combatir delitos relacionados con el narcotráfico y el robo de vehículos en Sinaloa, reafirmando su compromiso de recuperar la paz y tranquilidad en la región.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para colaborar denunciando actividades sospechosas y mantener la confianza en las fuerzas de seguridad para garantizar un entorno seguro para todos.

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En un giro inesperado en el caso de María Elena Ríos Ortiz, saxofonista y activista atacada con ácido en septiembre de 2019, la jueza María Antonia Esteva Domínguez del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, revocó la liberación de los tres implicados: Juan Antonio Vera Carrizal, Rubicel Hernández Ríos, y Rubén Loaeza Chávez, quienes enfrentaban cargos por tentativa de feminicidio. Esta nueva resolución llegó tras la indignación social que desató la decisión previa del juez José Gabriel Ramírez Montaño, quien había absuelto a los acusados.

La jueza Esteva Domínguez, en una audiencia celebrada este miércoles por la noche, determinó que los imputados deben permanecer en prisión preventiva, dejando sin efecto la boleta de libertad que había sido emitida anteriormente. La resolución también exige el reingreso inmediato de los acusados al centro de internamiento en caso de que ya hubieran sido liberados.

El caso de María Elena Ríos ha sido emblemático en la lucha contra la impunidad en los delitos de violencia de género en México. Ríos sufrió graves quemaduras tras ser atacada con ácido, un crimen que, según confesaron dos de los perpetradores, fue ordenado por Juan Antonio Vera Carrizal, a cambio de un pago de 30 mil pesos. A pesar de las confesiones y de las pruebas presentadas por la fiscalía, el juez Ramírez Montaño argumentó inicialmente que no existían fundamentos suficientes para mantener la acusación de tentativa de feminicidio, lo que generó una ola de indignación tanto en redes sociales como en la opinión pública.

María Elena Ríos, quien ha mantenido una lucha constante durante cinco años para que se haga justicia, expresó su frustración e indignación tras conocer la noticia de la liberación, catalogándola como un triunfo de la corrupción. Su llamado a las autoridades, incluyendo a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue escuchado, lo que contribuyó a la revocación de la decisión inicial y al reingreso de los acusados a prisión.

Cambio de rumbo en caso María Elena Ríos

Este caso pone en evidencia las dificultades que enfrentan las mujeres en México al buscar justicia en casos de violencia de género y subraya la importancia de la presión social y gubernamental para contrarrestar decisiones judiciales que parecen perpetuar la impunidad. La resolución de la jueza Esteva Domínguez representa un paso hacia la rectificación en un proceso que ha estado marcado por la controversia y la desconfianza en el sistema judicial.

Ahora, la lucha por justicia para María Elena Ríos sigue su curso, con la esperanza de que este cambio en la decisión judicial sea un preludio de una condena definitiva contra los responsables del ataque.

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Este lunes, durante su conferencia matutina, López Obrador también abordó las recientes especulaciones en torno a Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa. Según el presidente, “El Mayo” habría salido de Culiacán con rumbo a Texas, donde fue formalmente arrestado por las autoridades estadounidenses.

Solicita AMLO a la FGR. Revisión del Caso Cuén

Es relevante destacar que López Obrador desestimó las afirmaciones que indicaban que Zambada fue detenido en territorio mexicano por desconfianza de las autoridades norteamericanas hacia sus contrapartes mexicanas. En este sentido, enfatizó que la información adicional sobre el caso, proporcionada por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ya está en manos de la FGR.

El presidente también hizo un llamado a la paciencia y a esperar que las investigaciones avancen antes de emitir juicios o divulgar más detalles sobre el caso. Subrayó la importancia de que toda la verdad sea revelada y que no se oculte nada, en particular en lo que respecta a las versiones sobre dos comandantes de la policía o la fiscalía de Sinaloa que supuestamente brindaban protección a “El Mayo”. Según López Obrador, se trataría de dos agentes que ahora están bajo escrutinio.

Un aspecto clave de esta historia es el supuesto rol que habría jugado Héctor Melesio Cuén como señuelo para atraer a Ismael “El Mayo” Zambada a una reunión con Joaquín Guzmán López, conocido como “El Chapito Guzmán”, en un domicilio en Culiacán. Este encuentro habría facilitado la captura de Zambada, quien luego fue trasladado en avioneta a Estados Unidos. Esta hipótesis, de confirmarse, implicaría una coordinación sin precedentes entre las autoridades de ambos países y podría cambiar el rumbo de las investigaciones relacionadas con el narcotráfico en México.

El caso Cuén, ahora bajo la lupa de la FGR, promete ser un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en Sinaloa y en el país, reflejando las complejas dinámicas de poder y las estrategias que se despliegan en la batalla por el control del narcotráfico en la región. La expectativa crece, y con ella, la demanda de justicia y transparencia por parte de la sociedad mexicana.

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Quince minutos después, una segunda llamada confirmó la identidad de los detenidos y la SSPC solicitó una fotografía para verificar la información. La Embajada respondió que las imágenes estaban disponibles mediante un video tomado en las oficinas del gobierno estadounidense. Poco después, la Embajada solicitó apoyo del FBI y otras agencias, manteniendo informadas a las secretarías de Defensa Nacional y Marina.

Un Giro en la Historia: La Entrega de Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López

En una revelación adicional, el Instituto Nacional de Migración (INAMI) informó sobre una solicitud para el uso de una aeronave en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo. La aeronave despegó a las 7:55 de la mañana, llegando al aeropuerto de Santa Teresa, cerca de El Paso, Texas, con una tripulación ampliada. Rodríguez Velázquez, de la SSPC, confirmó que “de Hermosillo salieron solo el piloto y una persona, a Texas llegaron 3”.

Ismael “El Mayo” Zambada tiene cuatro órdenes de aprehensión vigentes en México por delincuencia organizada, delitos contra la salud y en materia de armas. Las autoridades no aclararon si se trató de una entrega voluntaria o una captura, y agradecieron la cooperación internacional, desmintiendo cualquier implicación directa del Gobierno de México en la entrega.

Asimismo, se desmintió que Ovidio Guzmán haya sido liberado, aclarando que solo se le cambió la medida cautelar.

La trama de esta detención subraya la complejidad y la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico, dejando abiertas preguntas sobre el alcance de estas acciones y el futuro del cártel de Sinaloa.

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*Un Golpe Significativo al Narcotráfico

El Dorado, Sinaloa – En una operación conjunta con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México, logró desmantelar un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de drogas sintéticas en las inmediaciones del poblado “El Dorado”. Este hallazgo se convierte en el segundo más grande realizado por Semar durante el actual sexenio, destacando la magnitud de la operación y su impacto en el combate al narcotráfico.

Detalles de la Operación

La operación se llevó a cabo durante una patrulla de vigilancia terrestre, cuando el personal naval y de la FGR avistaron el laboratorio clandestino a unos 198 kilómetros al sureste de la Octava Zona Naval, con sede en Topolobampo, Sinaloa. En el lugar se encontraron:

• 3,920 kilogramos de presunta metanfetamina.
• 28,600 litros y 2,250 kilogramos de precursores químicos y sustancias de uso dual.
• 28 reactores de diferentes capacidades.
• Nueve condensadores y 19 destiladores con capacidad de 500 litros.
• Siete centrifugadoras y 124 tinas de plástico de diferentes tamaños.
• 81 tanques de gas LP de 30 kilogramos.
• Cinco bombas sumergibles y cuatro motogeneradores.
• 28 amplificadores de corriente, 23 ventiladores, 60 rollos de aluminio.
• 51 tambos de metal y plástico de 200 litros, 63 bidones de plástico de 50 litros.
• Material diverso presuntamente empleado para la elaboración de droga sintética.

Impacto y Destrucción

La presunta metanfetamina, los precursores químicos y el material diverso fueron destruidos y neutralizados en el lugar, con la autorización de la autoridad ministerial competente, integrándose a la carpeta de investigación correspondiente. Esta acción evitó que los precursores químicos fueran utilizados para la elaboración y distribución de drogas, representando una afectación de más de 1,500 millones de pesos a la delincuencia organizada.

Armada de México Desmantela Laboratorio Clandestino en Sinaloa

Declaraciones Oficiales

La Secretaría de Marina, a través de un comunicado, subrayó la importancia de esta operación para debilitar las capacidades de producción y distribución de drogas por parte de los grupos delictivos. “Con esta acción, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, contribuye en la suma de esfuerzos para combatir las conductas delictivas, traducidas tanto en el establecimiento de laboratorios clandestinos, como en la elaboración de drogas sintéticas en nuestro país”, señaló el comunicado.

Contexto y Repercusiones

El hallazgo y desmantelamiento de este laboratorio es un testimonio del esfuerzo continuo y coordinado entre la Semar y la FGR para enfrentar el narcotráfico en México. La operación no solo representa un golpe financiero significativo a los cárteles, sino que también envía un mensaje contundente sobre la capacidad y determinación de las fuerzas de seguridad mexicanas para combatir el crimen organizado.

Con esta intervención, la Armada de México reafirma su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, demostrando que, a través de acciones coordinadas y estratégicas, es posible desarticular las operaciones de los grupos delictivos y proteger a la sociedad mexicana de los efectos nocivos de las drogas.

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