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Por su planteamiento de contar con una autoridad electoral austera, que erradique fenómenos de corrupción y fortalezca temas de género y derechos humanos, el Gobierno capitalino, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, respalda la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.
Esta es una propuesta que simplifica y optimiza siete áreas, reduce 116 plazas, evita duplicidades y eficientiza la función del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) sin afectar ninguna de sus atribuciones. La premisa fundamental es lograr que la función pública electoral esté apegada a la austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto.
Lo anterior, en el contexto actual en el que México tiene una de las democracias más caras del continente americano, con un costo del voto de 3.3 dólares, mientras que en países como Estados Unidos de América, Canadá y Ecuador es de 0.2 dólares.
Además, la iniciativa responde a la disminución de atribuciones y al mandato legislativo de adelgazar las estructuras orgánicas. Pese a las reformas electorales federales de 2014, entre las que destacan el traslado de atribuciones de los organismos electorales locales a la autoridad electoral federal y de la creación de casillas únicas para atender los procesos electorales locales y federales de manera unitaria, el IECM incrementó su solicitud de presupuesto entre 2016 y 2022 (años no electorales).
Como ha señalado el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, la propuesta legislativa no busca que el Instituto Electoral local pierda presupuesto, sino que se reasignen internamente alrededor de 50 millones de pesos para garantizar que los partidos políticos cuenten con los recursos necesarios para pagar los salarios de sus trabajadores, y prevenir la corrupción al interior del órgano electoral.
En específico, se busca eliminar 14 plazas y reducir el tamaño de la Contraloría Interna, bolsa de trabajo para grupos políticos que en 2014 contaba con 25 plazas, en 2016 con 38 plazas y en 2018 con 42 plazas; es decir, tuvo un incremento del 68 por ciento en su estructura.
En cuanto a la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, esta se elimina, toda vez que, con la reforma electoral de 2014, dicha función quedó a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE). Con ello se dan de baja 12 plazas y las funciones residuales quedan a cargo de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.
Se busca evitar duplicidad de funciones entre la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos y la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados, con la Secretaría Ejecutiva que permanece para desarrollar tales actividades; esto implica 15 y 23 plazas menos de las unidades técnicas, respectivamente.
Por otra parte, se impide la duplicidad de funciones formativas entre el Centro de Formación y Desarrollo y la Secretaría Administrativa, al establecer que en la primera se eliminen 22 plazas y solamente la segunda sea responsable de dichas funciones.
Se asignan las funciones de la Oficina de Gestión de Calidad a la Secretaría Administrativa, quitando seis plazas de la primera.
Y, finalmente, se busca fortalecer las agendas de género y derechos humanos al asignar dichos temas a la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica. Así se les da una mayor jerarquía, pues hoy sólo tienen el nivel de unidad técnica.

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