(Agencias).- El presunto quebranto por más de 417 millones de pesos detectado en la administración del exalcalde de Cuautitlán, Aldo Ledezma, escaló este viernes hasta Palacio Nacional. Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) intervenga en casos de este tipo cuando existan elementos que acrediten un desfalco de recursos públicos, colocando el expediente bajo un reflector nacional.

Las auditorías realizadas por el gobierno municipal encabezado por Juanita Carrillo Luna revelaron observaciones por más de 417 millones de pesos. De ese monto, 147 millones corresponden a auditorías internas en áreas como obra pública, adquisiciones y manejo financiero, mientras que otros 270 millones fueron señalados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

La actual administración inició 42 procedimientos administrativos, dos investigaciones por presuntas faltas graves y presentó 12 denuncias penales contra diversos exfuncionarios, entre ellos integrantes del gobierno de Ledezma. La declaración de Sheinbaum agrega una nueva dimensión al caso: además de las responsabilidades administrativas y penales que ya siguen las autoridades estatales, abre la puerta a que también pueda revisarse la ruta financiera de los recursos observados.

La eventual participación de la UIF representaría un paso adicional para determinar si existieron operaciones encaminadas a ocultar, transferir o desviar dinero público. El expediente de Cuautitlán ha dejado de ser únicamente un asunto municipal y ahora se convierte en una prueba para las instituciones encargadas de la fiscalización, la procuración de justicia y, eventualmente, para las instancias de inteligencia financiera.

La expectativa ciudadana es clara: que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias y que, si se confirma un daño al patrimonio público, los responsables enfrenten sanciones ejemplares y los recursos puedan recuperarse. El caso Cuautitlán ya no se limita a un municipio mexiquense: se ha convertido en un tema de interés nacional que pone a prueba la capacidad del Estado para combatir la corrupción.

El cargo Cuautitlán enfrenta denuncias penales por millonario desfalco público apareció primero en La Chispa de Veracruz.

Ciudad de México.- Un presunto daño al erario superior a 417 millones de pesos, 42 procedimientos administrativos de responsabilidad, dos investigaciones por faltas graves y 12 denuncias penales son parte de los hallazgos detectados por el gobierno de Cuautitlán tras las auditorías practicadas al ejercicio fiscal 2024 de la administración del exalcalde priista Aldo Ledezma, informó la presidenta municipal, Juanita Carrillo.

Durante una conferencia de prensa, la alcaldesa dio a conocer los resultados de meses de revisiones documentales, auditorías y procesos de fiscalización realizados por distintas áreas del ayuntamiento. Aseguró que las observaciones encontradas están sustentadas en expedientes y procedimientos desarrollados conforme a la normatividad vigente.

Acompañada por el titular del Órgano Interno de Control, Miguel Ángel Cuate, y el consejero jurídico municipal, Alejandro Raymundo Sánchez Mendizábal, la edil señaló que las investigaciones permitieron identificar una serie de irregularidades administrativas y patrimoniales que habrían afectado las finanzas públicas municipales.

De acuerdo con el Órgano Interno de Control, actualmente existen 42 procedimientos administrativos derivados exclusivamente de observaciones detectadas durante el ejercicio 2024. De ellos, 40 corresponden a posibles faltas administrativas, mientras que dos fueron clasificadas como conductas graves, las cuales podrían derivar en sanciones que incluyen inhabilitaciones de hasta 20 años para ocupar cargos públicos.

Las auditorías municipales documentaron una posible afectación patrimonial por 147 millones de pesos relacionada con observaciones en áreas como obra pública, adquisiciones, patrimonio municipal y manejo financiero. A esta cifra se suman observaciones emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) por más de 270 millones de pesos, elevando el monto total observado a más de 417 millones de pesos.

Además de las responsabilidades administrativas, el área jurídica identificó elementos que podrían constituir delitos. Por ello, ya fueron presentadas 12 denuncias ante las autoridades competentes por la probable comisión de ilícitos como abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones.

Juanita Carrillo sostuvo que los hallazgos reflejan prácticas que impactaron directamente en la operación municipal, particularmente en rubros como infraestructura, obra pública y autorizaciones para desarrollos logísticos. Señaló que algunas obras registraron una vida útil menor a la proyectada o no cumplieron con las especificaciones requeridas, generando gastos considerables sin beneficios duraderos para la población.

La alcaldesa afirmó que, paralelamente a las investigaciones, su administración ha fortalecido la recaudación y la transparencia financiera. Indicó que durante el primer año de gobierno se destinaron más de 300 millones de pesos a obras públicas, recursos obtenidos principalmente mediante el incremento de la recaudación municipal y el cumplimiento de obligaciones por parte de empresas establecidas en el municipio.

Finalmente, adelantó que las revisiones continuarán sobre los ejercicios fiscales 2023 y 2022, además de auditorías en el Sistema Municipal DIF. La administración municipal aseguró que las investigaciones seguirán su curso y que cualquier irregularidad acreditada será turnada a las autoridades competentes para determinar las responsabilidades correspondientes.

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