El diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (PVEM) propuso reformar la Ley General de Salud, a fin de crear un registro obligatorio de los centros particulares de rehabilitación para personas con adicciones, y con ello garantizar un trato digno y respetuoso a los usuarios y sus familiares.

Mencionó que dichos centros, mejor conocidos como anexos o granjas, en su mayoría no cuentan con un protocolo de manejo y atención bien definido, y casi siempre son dirigidos y atendidos por adictos rehabilitados que no tienen capacitación legal, psicológica, ni médica para llevar a cabo estas actividades.

En un comunicado, resaltó que, de acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), en México hay unos 2 mil 200 centros de atención residencial, pero mil 800 (81.82 por ciento), lo hacen sin ninguna regulación, pese a la existencia de las normas oficiales que establecen lineamientos para atender a personas adictas a sustancias.

Esta situación, dijo Natale Gutiérrez, provoca que la mayoría de las veces los internos reciban tratos inhumanos y humillantes, en condiciones de presión, privados de su libertad y con poca sanidad.

Señaló que por lo anterior, la presente iniciativa pretende que cualquier centro de rehabilitación que no pertenezca al Sistema Nacional de Salud, tenga la obligación de registrarse y tramitar una cédula de cumplimiento de los requisitos básicos de manejo y protocolos sanitarios, de atención, seguridad y operativos para el sitio.

Asimismo, deberá tramitar, ante Protección Civil de su entidad, un dictamen de seguridad y contratar, por lo menos a una persona correspondiente a personal médico para la atención de los usuarios.

El legislador ecologista comentó que “los anexos o granjas, al operar fuera de la ley, no reportan sus actividades ni resultados a nadie, trabajan bajo la informalidad, un día pueden cerrar un centro y al día siguiente abrir otro en otro lugar, sin mostrar responsabilidad con las personas que tienen a su cargo.”

Por ello, insistió en la necesidad de establecer, de forma clara, el registro obligatorio de estos lugares, así como de llevar a cabo procesos de verificación y supervisión de manera constante de las instalaciones, y así salvaguardar la integridad física y emocional de los usuarios, además de desincentivar actividades fuera de la ley.

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