Entre las disposiciones, se determinó que los menores de edad no podrán aparecer en spots electorales, salvo en casos donde su presencia sea breve y pasiva. En estos casos, deberá contarse con la autorización previa de los padres o tutores, conforme a la propuesta de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.

Taddei Zavala subrayó que estas modificaciones buscan fortalecer el marco normativo electoral y adaptarlo a las nuevas condiciones tecnológicas, con el propósito de maximizar la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en el contexto electoral.

INE aprueba nuevas reglas para proteger a menores en propaganda electoral

Adicionalmente, se informó que los únicos spots que se transmitirán en la pauta serán de carácter institucional. En apego a la legislación vigente, los candidatos no podrán contratar publicidad en medios de comunicación, y los tiempos oficiales serán utilizados exclusivamente para la difusión del proceso electoral.

En el ámbito legislativo, se espera que este martes el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acuda al INE para entregar las listas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial con los candidatos y candidatas que participarán en la elección de personas juzgadoras, programada para el próximo 1 de junio.

Estas disposiciones reflejan el compromiso del INE con la protección de la niñez y con la equidad en los procesos electorales, estableciendo límites claros en el uso de la imagen de menores y en la difusión de la propaganda política.

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El senador Ricardo Monreal Ávila promueve una iniciativa para tipificar el reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes para actividades relacionadas con asociaciones delictuosas y el crimen organizado, e imponer de 10 a 20 años de prisión a quien cometa este delito.

Monreal Ávila dijo que los menores que hayan participado, con o sin su consentimiento, en la comisión de delitos o en actividades relacionadas con asociaciones delictuosas, deben considerarse víctimas directas, en término de la legislación aplicable, sin menoscabo de las disposiciones establecidas en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Advirtió que en nuestro país se calcula que entre 30 mil y 35 mil menores han sido reclutados por el crimen organizado, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Esta misma organización, agregó, ha revelado que el reclutamiento por parte de grupos delictivos derivó en 2021 en el asesinato de, al menos, 700 niñas, niños y adolescentes.

Para ocupar a los menores, advirtió, los grupos delictivos utilizan diferentes estrategias de reclutamiento, como amenazas, violencia física, enamoramiento de niñas y mujeres adolescentes, así como promesas de dinero o empleo por medio de engaños.

Sin embargo, a pesar de estas cifras, en México aún no está tipificado el reclutamiento de niños, niños y adolescentes, que constituye una de las formas más graves de violencia que se puedan cometer contra estos sectores, al afectar de manera directa sus derechos humanos.

De ahí que la iniciativa que se plantea tiene por objeto atender las recomendaciones que han emitido la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil, para tipificar el delito de reclutamiento de menores, de modo que su reconocimiento jurídico ayude a prevenir el delito, identificarlo y sancionar a las personas que lo llevan a cabo.

El proyecto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con ello, Monreal Ávila plantea una pena de 10 a 20 años de prisión, y de mil a 20 mil días multa, a quien reclute, utilice, obligue, coaccione, incite o invite a una o varias personas menores de 18 años para cometer cualquier delito, así como a participar, con o sin su consentimiento, en actividades o tareas que resulten en beneficio de la asociación delictuosa.

Complementariamente, dijo, se plantean una serie de reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de modo que no sólo se prevean disposiciones de carácter punitivo, sino también de protección y restitución de derechos, así como de reparación de daños.

Explicó que, en todo el mundo, miles de niñas, niños y adolescentes son reclutados por grupos delictivos para la comisión de diversos delitos o como ejecutantes de funciones diversas, incluidas el halconeo y el sicariato. Las niñas también son reclutadas con fines sexuales o para someterlas a matrimonios forzados.

“Muchos menores han sido reclutados por la fuerza, aunque algunas como efecto de presiones económicas, sociales o de seguridad. Además, el desplazamiento y la pobreza hacen que niñas, niños y adolescentes sean aún más vulnerables al reclutamiento”.

Este tipo de actos cometidos por asociaciones o grupos delictivos organizados -subrayó-, implican violaciones a los derechos de una población que exige protección integral por parte de todos: familia, sociedad y Estado.

Además, la comisión de este tipo de ilícitos revela la incapacidad de estos actores para protegerles de ser víctimas de los conflictos, de la violencia, de las peores formas de trabajo infantil, así como de los delitos de reclutamiento ilícito y de utilización de personas menores de 18 años. “Se trata de actos inhumanos que afectan su integridad física y mental”.

“La niñez vinculada con grupos delictivos está expuesta a una violencia terrible, pues en general se les obliga a ser testigos y ejecutantes de actos de extrema barbarie, al tiempo que ellos mismos son víctimas de abusos y explotación”, manifestó el senador.

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