El Senado, atento a los acuerdos México-Estados Unidos en materia de seguridad, destaca el líder de la mayoría parlamentaria

El senador Ricardo Monreal indicó que en el tema de la reforma a leyes electorales “no hay Plan C”. Lo que resuelva la Suprema Corte será lo que se observe, a menos que hubiese un nuevo periodo extraordinario antes de septiembre, porque después de septiembre no podrá haber modificaciones a normas electorales, precisó.

De gira por San Luis Potosí, en conferencia de prensa y a pregunta expresa, el coordinador parlamentario de Morena descartó que se presente un “Plan C” para la reforma electoral.

“No lo hay porque tampoco hay tiempo, porque nos quedan solo unos meses para concluir el periodo de sesiones ordinarias” y después de septiembre, mes en el que inicia el otro Periodo Ordinario de Sesiones, no se pueden hacer modificaciones a normas electorales.

Dijo que es probable que, en unas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva las acciones de inconstitucionalidad que se presenten en contra de la reforma electoral, “y evidentemente hay dos alternativas: que declaren la totalidad de los artículos como inaplicados o inconstitucionales o una parte de las seis leyes”.

“Es un asunto que está sub judice y nosotros vamos a esperar en el Poder Legislativo la resolución definitiva; pero nadie sabe qué va a suceder”, señaló.

En otro tema, indicó que el Senado de la República estará atento a los acuerdos entre México y Estados Unidos para fortalecer la colaboración y cooperación bilateral en materia de seguridad.

El senador Monreal refirió que en la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes del Gabinete de Seguridad, con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, se habló de un plan para combatir el tráfico de fentanilo y armas.

“Nosotros vamos a estar muy atentos, porque lo que sabemos, sin tener con precisión el acuerdo al que llegaron, es que habrá colaboración, información, cooperación entre tres instituciones de Estados Unidos”: el FBI, la CIA y el Homland Security; y tres instituciones mexicanas: Sedena, Marina y Guardia Nacional.

Dijo también que hasta el momento no hay información oficial sobre este acuerdo, “pero en principio diría que la colaboración y la cooperación para atender este reclamo de inseguridad es afortunado”, siempre y cuando los gobiernos y congresos de ambos países lo hayan acordado.

Ricardo Monreal reconoció que la seguridad pública es un reto en México, por lo que la mayoría legislativa en la Cámara de Senadores cerró filas con el titular del Ejecutivo federal.

Dijo que los legisladores de Morena están listos para cooperar y colaborar en el diseño y enriquecimiento de los planes de seguridad pública que le corresponden aprobar al Senado.

“Estamos por definir la semana que entra la Comisión Bicamaral que el Quinto Transitorio Constitucional establece, para poder llamar a comparecer al Gabinete de Seguridad o a alguno de los secretarios de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública, y revisar los planes de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas” en materia de seguridad pública.

Dijo que no dejarán sólo al Presidente de la República “con este gran paquete” y que el Poder Legislativo “tiene que abrazar los planes y programas para enfrentar juntos este flagelo que nos está generando gran preocupación en el país”.

Ricardo Monreal reiteró que la mayoría legislativa en el Senado nunca aceptará la intervención de tropas o fuerzas armadas extranjeras en nuestro país.

También celebró la declaración de la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien dio a conocer que el gobierno de Joe Biden no aceptaría las propuestas de los congresistas republicanos, porque lo que se necesitaba buscar con México era entendimiento y colaboración, no confrontación.

Además, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, dijo que en el encuentro con el presidente de México e integrantes del Gabinete de Seguridad de nuestro país se habló de un plan de colaboración entre autoridades mexicanas y autoridades estadounidenses.

“Esos planes de colaboración sí se permiten, siempre y cuando el Gobierno mexicano lo autorice”, expresó Monreal.

El cargo En reforma electoral no hay Plan C; se acatará lo que decida la Suprema Corte: Ricardo Monreal apareció primero en La Chispa de Veracruz.

Con este recurso, la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, exige al máximo tribunal del país que revoque la medida, tras acusar que “es un fraude a la Constitución”, abundó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Dicha instancia sustento que su reclamo es porque el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución prohíbe a ministros de la SCJN suspender efectos de una norma general.

En un comunicado, manifestó que resulta “preocupante” que el ministro suspenda la aplicación de estas leyes sin que exista ningún hecho o indicio que demuestre la supuesta existencia de alguna afectación irreparable al sistema democrático o a los derechos fundamentales implicados.

Con base en el texto, se lee que “El Ejecutivo federal, a través de su Consejería Jurídica, impugnó la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán que suspende la aplicación del decreto que reforma las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas en los estados de México y de Coahuila, ya que las normas expedidas por el Congreso de la Unión sólo pueden invalidarse mediante el voto de ocho ministros y está proscrito expresamente suspender sus efectos”.

FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN

La Consejería enfatizó que lAS acciones de Pérez Dayán constituye “un fraude a la Constitución” que el ministro Pérez Dayán se separe “indebidamente” de las reglas del procedimiento, lo que desnaturaliza los medios de control constitucional, y en la medida en la que el juzgador respeta o no el sentido original de la norma, “su decisión será calificada de democrática o antidemocrática”.

“El ministro Pérez Dayán no puede apartarse de las reglas específicas que establecen las leyes al tramitar los medios de control constitucional, pues la legitimación del Poder Judicial se diluye cuando sus decisiones responden a posiciones políticas o personales”, apuntó en su texto.

Fue el pasado martes que la SCJN dio entrada a un primer bloque de impugnaciones contra el llamado “Plan B”, acciones que presentaron partidos, senadores, diputados y alcaldes de oposición.

Las siete acciones de inconstitucionalidad tuvieron el visto bueno de Pérez Dayán, quien suspendió la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Comunicación Social, que limita el gasto en dicha materia a solo 0.1% del presupuesto de las alcaldías del país, por lo que esta media no aplicará en Coahuila y Estado de México, los dos estados que tendrán elecciones en junio de este año.

Como es sabido, el máximo tribunal del país ha recibido más de 47 acciones de inconstitucionalidad y más de 31 controversias contra el “Plan B”.

El cargo Impugna suspensión del ‘Plan B’ emitida por el ministro Alberto Pérez Dayán apareció primero en La Chispa de Veracruz.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, precisó que del paquete de reformas en materia electoral, el Senado sólo abordará el cambio pendiente que realizó la Cámara de Diputados, para eliminar la posibilidad de que los partidos políticos puedan celebrar convenios para la distribución de votos.

Monreal Ávila compartió un mensaje en redes sociales, en el que recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es quien se encarga de revisar la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones del Poder Legislativo, por lo que el Senado acatará la resolución que, en su momento, emita esta instancia sobre la reforma electoral.

El legislador refirió que esta semana, la Junta de Coordinación Política recibió a las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, así como al personal técnico del organismo, para hablar sobre lo que comúnmente se conoce como “Plan B” de la reforma electoral.

Para evitar confusiones o tergiversación sobre el tema, el líder de la mayoría legislativa realizó algunas precisiones respecto al procedimiento legislativo.

Recordó que el “Plan A”, que contenía reformas constitucionales en materia electoral, no se aprobó en la Cámara de Diputados, pues no alcanzó la mayoría calificada; por lo que se presentó un “Plan B”, conformado por seis leyes en materia electoral, agrupado en dos bloques.

Uno de ellos, continuó el senador, contiene cambios que ya fueron aprobados y están vigentes a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aunque se les impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se encuentran pendientes de resolución.

El otro bloque incluye cuatro ordenamientos: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

No obstante, dijo, es conveniente acotar que, de los 390 artículos y los 30 transitorios, es decir, de un total de 420 artículos que lo integran, 419 están aprobados por ambas Cámaras.

De esta manera, sólo está pendiente de discusión y votación un cambio al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra señala:

Los Partidos Políticos podrán postular candidatos bajo la figura de Candidatura Común. En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los Partidos que decidan participar en esta modalidad. Los Partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos.

“Los otros 419 artículos ya fueron aprobados por ambas Cámaras y, de conformidad con el artículo 72 constitucional, la nueva discusión en el Senado de la República versará únicamente sobre el artículo o los artículos modificados, sin poder alterar de manera alguna los aprobados”.

En este contexto, las y los consejeros del INE, así como organizaciones civiles solicitaron audiencia con la Junta de Coordinación Política del Senado, por lo que las y los coordinadores parlamentarios escucharon sus preocupaciones.

“Coincidimos en algunas de ellas, pero por las razones expuestas, el Senado no puede hacer modificaciones a lo ya aprobado por ambas Cámaras”, insistió el presidente de la Junta de Coordinación Política.

“Al respecto, de manera personal y ante mi estricta responsabilidad, afirmo que sobre el caso particular no tenían que convencerme; tan convencido estoy de sus preocupaciones, que en su momento voté en contra y emití un voto particular que pueden consultar en esta página. Enfrenté consecuencias y reacciones diversas, pero nunca he esquivado mi responsabilidad; hablar con la verdad es lo más congruente”.

“Tampoco he dudado en asumir íntegramente las consecuencias de mis actos. Por fortuna para la ciudadanía, de acuerdo con el artículo 105 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la instancia que conoce sobre los asuntos de constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones que el Poder Legislativo emita, y habremos de acatar su resolución”, expresó el senador.

El cargo Precisa Ricardo Monreal que el Senado sólo abordará cambio en reforma electoral para eliminar “cláusula de vida eterna” apareció primero en La Chispa de Veracruz.

Indicó que las fallas están en la Ley de Partidos Políticos, dado que en el artículo que dice que “si un partido político nacional en la contienda federal no logra el 3 por ciento de los votos, como consecuencia es que pierda el registro”, pero le agregaron una fracción que es inconstitucional, que dice “que el que no obtenga el 3 por ciento de votos perderá el registro o al menos que en 16 estados del país sí tenga el 3 por ciento”.

Otra incongruencia aseveró es en el tema de transparencia de votos, con las cuales “no será fácil que transite” dicha reforma en el Senado.

Monreal Ávila confió que está haciendo las cosas lo mejor posible, con un análisis puntual, apegado al marco Constitucional y que eso implica que tenga que regresarse la minuta a la cámara de origen “si la colegisladora modifica una palabra, una fracción o una coma” .

“Es evidente que se declarará inconstitucional”, por lo que adelantó que se está haciendo lo necesario para abordar el tema con Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara Baja, con el objetivo de subsanar las inconsistencias.

El cargo ‘Plan B’ contiene inconsistencias constitucionales, por ello es evidente regresar minuta a diputados: Monreal apareció primero en La Chispa de Veracruz.

Los análisis incluyeron cuatro grupos de hombres y mujeres de 20 a 35 años de nivel socioeconómico ABC+, profesionistas titulados o estudiando, sin hijos, para conocer su opinión y motivos para ejercer o no la maternidad y paternidad.

Entre las cinco preferencias de experiencia de vida de las mujeres mexicanas no se encuentra la maternidad; de hecho, viajar, estudiar y crecer profesional y personalmente ocupan los tres primeros puestos. Solo estos tres ámbitos representan poco más del 70% de las prioridades de las mujeres mexicanas.

La maternidad llega después de otras cuatro prioridades, como son el emprendimiento, la adquisición de bienes raíces, ser independiente y casarse.

El objetivo del estudio de Plan M fue conocer y entender las preferencias y prioridades que existen en México sobre la maternidad y la familia.

A continuación, presentamos algunos de las cifras, datos y conclusiones más relevantes que nos revela el Social Lab, donde se encuentra una gran cantidad de información en términos cualitativos, cuantitativos, perceptivos, de escucha y manejo de información, entre otros.

A) Es importante destacar que la decisión de que las mujeres mexicanas estén posponiendo la maternidad no representa necesariamente que no deseen tener hijos. Sin embargo, el estudio desarrollado por Plan M muestra cómo, únicamente el 2.8% de las mujeres mexicanas, considera a la maternidad como una prioridad.

El estudio muestra dos caras de una realidad en México. El reconocimiento de la maternidad como una decisión personal y la influencia de factores en el ámbito personal-familiar cercano que influyen en el ejercicio de la maternidad. Por ello, la dicotomía entre tener hijos y desarrollar una carrera profesional ha ocasionado que nos preguntemos cuál es la edad ideal para ser madre.

Según los resultados de la encuesta, el rango donde se concentra el mayor número de respuestas (72%) es entre los 30 y 35 años, siendo más focalizado entre los 32 y 33, donde una de cada tres mujeres prefiere tener hijos a esta edad, debido a que considera que en ese momento pueden tener mayor estabilidad financiera y, posiblemente, una mejor carrera profesional.

Por su parte, quienes manifestaron posponer su maternidad después de los 35 años dijeron tener una mentalidad segura y tranquila respecto de su fertilidad, asumiendo que, llegado el momento, tendrá la capacidad de quedar embarazada y podrá sentirse segura de su gestación hasta el final.2

Esto significa que la posibilidad de tener hijos se da por sentada y muchas mujeres desconocen los riesgos de infertilidad o fertilidad reducida. Lo anterior demuestra que las mujeres NO están planificando su fertilidad como lo hacen con su carrera profesional.

En este sentido, y a pesar de que para las mujeres mexicanas no es relevante tener una pareja para ser madres, sí destaca la influencia de la madre y la pareja como los dos factores que más influyen en su decisión, a pesar de que una mayoría, el 60%, considera que es una decisión personal.

B) Por otra parte, las mujeres en México también destacan la abrumadora sensación de responsabilidad que sienten ante una posible maternidad, un aspecto que tienen muy en cuenta en la decisión de tener o no hijos, pues están conscientes del gran compromiso que significa.

C) El estudio muestra cómo el desarrollo profesional-personal ocupa (y ocupará cada vez más) una de las prioridades más compartidas por las mujeres mexicanas. La estabilidad financiera, el emprendimiento y la adquisición de bienes raíces son tres aspectos importantes que representan, en conjunto, casi un tercio de las prioridades.

Además, el deseo de independencia y libertad que implican estas prioridades financieras son fundamentales para la sensación de seguridad y crecimiento de la mujer mexicana.

D) En este contexto, el estudio muestra cómo la idiosincrasia de la maternidad en México ha cambiado en los últimos años. Nos expone cómo, a pesar de que un 30% de la población estudiada afirma no desear tener hijos, el 66% (más de la mitad del grupo), sí considera cambiar de opinión en un futuro próximo.

Esta transformación de la idiosincrasia en México sobre la maternidad obedece, entre otros factores, a la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres en favor de la igualdad de oportunidades, la desaparición de la brecha salarial de género y el reconocimiento a decidir cómo y cuándo elegir sobre su cuerpo.

E) El estudio de Plan M incluye además dos subgrupos: a) hombre y mujeres LGBTQ+. Y b) mujeres de alrededor de 42 años, quienes han intentado empezar una familia y no lo han conseguido.

F) El estudio muestra cómo las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) no son percibidas como un método para su posible fertilidad a futuro, independientemente de la calidad, seriedad y responsabilidad médica de la información adquirida.

Además, solo el 5% de las 2,472 conversaciones digitales en torno a la maternidad está relacionada con las TRA. 2

Plan M ofrece información para mujeres y hombres sobre su reloj biológico, información seria y responsable sobre el desarrollo de proyectos familiares, la planeación de la fertilidad y el conocimiento de las diferentes TRA con la finalidad de que obtengan herramientas necesarias que les permitan alinear sus sueños personales y profesionales, comenzando la planeación familiar, del tamaño y forma que deseen.

El cargo Las mujeres mexicanas están posponiendo la maternidad en favor del desarrollo personal-profesional: Estudio apareció primero en La Chispa de Veracruz.