En los próximos días, un tribunal federal en la Ciudad de México tomará una decisión que, aunque técnicamente discreta, tiene implicaciones profundas para el sistema de justicia mexicano.

No se trata sólo de un caso penal.

Se trata de definir si el paso del tiempo puede convertirse en el mejor abogado de quien no logró demostrar su inocencia.

La Asociación Mexicana de Internet —una institución con más de 25 años de trayectoria— enfrenta hoy una paradoja que sintetiza los vicios estructurales del sistema penal: después de años de litigio, el debate ya no gira en torno a si hubo o no un desfalco, sino a si el Estado dejó pasar suficiente tiempo como para olvidar que ocurrió.

Ese es el corazón del caso.

No es la verdad. Es el reloj.

El expediente que hoy está en manos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito pondrá a prueba algo más que criterios técnicos: pondrá a prueba la disposición del Poder Judicial para asumir las consecuencias de la ineficiencia institucional.

El imputado no ha centrado su defensa en desvirtuar los hechos. Ha apostado —con notable precisión— a una estrategia distinta: esperar.

Esperar a que el expediente se enfríe.

Esperar a que la autoridad se detenga.

Esperar a que el sistema haga lo que tantas veces hace: llegar tarde.

Y cuando el sistema llega tarde, la ley le abre la puerta de salida.

Pero hay algo más.

La Asociación Mexicana de Internet no llega a este punto por inercia. Llega después de años en los que su administración actual —con recursos limitados, “fuego amigo” interno y frente a un entramado procesal complejo— ha decidido hacer algo que no siempre es cómodo ni frecuente: litigar hacia atrás, revisar decisiones internas, enfrentar posibles irregularidades y sostener un caso que muchos habrían dejado morir en silencio, muchos, de hecho, lo hicieron.

Nada de eso ha sido todavía objeto de un pronunciamiento judicial definitivo. Pero sí forma parte del contexto que cualquier tribunal serio debería observar con cautela, sobre todo cuando ya 4 autoridades, una administrativa como el ministerio público y 3 judiciales determinaron en su momento que la acción NO esta prescrita.

Hoy, los magistrados tienen frente a sí una decisión moralmente clara:

¿Van a convalidar que el tiempo sustituya a la justicia?

¿O van a establecer que la muy cuestionable prescripción no puede convertirse en refugio de estrategias dilatorias cuando existen elementos para sostener una persecución penal efectiva?

En un momento en el que el Poder Judicial está bajo escrutinio público, nacional e internacional, las resoluciones ya no sólo se leen en expedientes, se leen en clave de confianza.

Y la confianza, o la falta de esta, a diferencia del tiempo, no prescribe.

El cargo Asociación Mexicana de Internet contra el tiempo apareció primero en La Chispa de Veracruz.

Esta determinación abre la posibilidad de reevaluar la situación jurídica de Miguel Ángel Peralta Betanzos, sentenciado a 30 años de prisión por homicidio y a 20 años por tentativa de homicidio.

La decisión reactivó el debate en torno a los hechos registrados el 14 de diciembre de 2014, jornada en la que también murieron Manuel Zepeda, hermano de la activista, y Gustavo Estrada. De acuerdo con el expediente, el ataque dejó además a Zepeda Lagunas con lesiones graves.

“A mí quisieron matarme, me lesionaron gravemente, y eso no puede tratarse como si fuera algo dudoso”, expresó la sobreviviente en entrevista al referirse al proceso judicial que ahora entra en una fase de revisión.

Zepeda Lagunas sostuvo que el caso debe analizarse con base en el contexto de violencia que rodeó la agresión. Señaló que los hechos ocurrieron cuando realizaba trabajo comunitario y acciones de defensa de los derechos de las mujeres mazatecas, etapa en la que no ocupaba un cargo público.

El expediente judicial incluye señalamientos contra Alfredo Bolaños Pacheco y Jaime Betanzos Fuentes, exautoridades municipales vinculadas al PRI, a quienes la activista ha identificado como presuntos organizadores de la agresión. Ambos nombres forman parte de las acusaciones que han acompañado el proceso desde los hechos ocurridos en la Sierra Mazateca.

En la comunidad de Eloxochitlán, las versiones sobre el caso han generado posiciones encontradas. Mientras la defensa de algunos procesados ha sostenido la narrativa de presos políticos, familiares de las víctimas mantienen la exigencia de que se reconozca la gravedad de los hechos registrados en 2014.

“Cuando el sistema judicial decide absolver, lo que sentimos es un abandono profundo”, señaló Zepeda Lagunas al referirse al impacto que las resoluciones judiciales tienen para las familias afectadas.

A más de una década de la agresión, el proceso continúa en tribunales. La defensa de las víctimas ha solicitado que la revisión judicial considere los elementos del caso y el contexto en el que ocurrió el ataque, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y atender a las víctimas directas e indirectas.

El cargo Tribunal ordena revisar sentencia por ataque de 2014 en Eloxochitlán; sobreviviente exige justicia apareció primero en La Chispa de Veracruz.

Los asuntos se dividen en: el 40.72 por ciento son paraprocesales, 44.52 por ciento, ordinarios; 8.72 por ciento, especiales; 5.82 por ciento, colectivos, y 0.22 por ciento, procedimientos de ejecución. Tras el inicio de operaciones de este nuevo modelo los tribunales laborales se han enfocado en orientar a los justiciables, especialmente tras el intento de ingresar demandas sin la legislación adecuada.

La institución ha avanzado en materia de capacitación a los operadores del órgano de justicia, en donde magistrados expertos se han avocado a juicios orales.

La capacitación se ha centrado en técnicas de juicio oral, técnica de objeción de interrogatorio y alegatos; oratoria jurídica; argumentación jurídica; ética judicial; psicología jurídica; mecanismos de solución de controversias; audiencia preliminar; audiencia de juicio; característica, y principios.

Personal del PJCDMX han sostenido reuniones con funcionarios del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México y de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, con el objetivo de recibir retroalimentación mutua en torno al trabajo iniciado desde el 3 de octubre.

El cargo Tribunales laborales de CDMX reciben 747 asuntos en dos meses apareció primero en La Chispa de Veracruz.